La Consejería de Empleo ha detectado y enviará hoy mismo a la juez 37 casos de falsos prejubilados beneficiados por pólizas derivadas de los ERE de 12 empresas en crisis. Así lo ha explicado la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Para el Gobierno andaluz la responsabilidad está circunscrita exclusivamente al ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Moreno fue muy contundente con respecto a las intenciones de la Junta: 'Llegar hasta el final caiga quien caiga'.

Junto a ello, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar a la Cámara de Cuentas la fiscalización de las ayudas sociolaborales asociadas a trabajadores afectados por ERE y empresas en crisis desde el año 2001 hasta la actualidad, así como iniciar el procedimiento para la personación de la Junta en las actuaciones, 'presumiblemente en calidad de perjudicada', informa Europa Press

Tras negar con rotundidad la existencia de 'fondos ilegales' y que cuestione de forma general la gestión de fondos para EREs y prejubilaciones, Moreno ha querido dejar clara la 'colaboración activa' de la Consejería de Empleo con los tribunales para el 'esclarecimiento de estos hechos y de sus autores' y ha anunciado que el titular de este departamento, Manuel Recio, comparecerá la próxima semana en el primer Pleno del Parlamento del nuevo periodo de sesiones para informar sobre este asunto.

Los dos primeros casos de prejubilados que han cobrado o pudieron cobrar las ayudas sin haber trabajado nunca en las empresas objeto de ERE fueron detectados por la juez Mercedes Alaya en el curso de la investigación que lleva a cabo para esclarecer el llamado caso Mercasevilla, inicialmente denunciado por la Junta de Andalucía tras recibir las grabaciones de empresarios del grupo La Raza a quienes el entonces director de Mercasevilla, Fernando Mellet, pidió 450.000 euros para favorecer la concesión de una subvención de la Consejería de Empleo destinada a apoyar la creación de una escuela de hostelería.

Además de esos dos primeros casos, hay dos más aportados a la propia investigación interna de la Consejería de Empleo, a quien la juez ha pedido que le remita todos los ERE financiados por la Junta desde 2001, fecha a partir de la cual estuvo al frente de la Dirección General de Empleo Javier Guerrero, uno de los testigos calve del caso y la persona que daba el visto bueno a los ERE. Junto con estos dos, la investigación de la Junta ha arrojado ya esos 37 casos de irregularidades.