El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó ayer seis nuevas diligencias que permitan esclarecer el presunto chivatazo policial a una trama de extorsión de ETA en mayo de 2006 y por el que continúan imputados el entonces director general del Cuerpo, Víctor García Hidalgo, y dos agentes. Ruz, que ha sustituido a Baltasar Garzón al frente del Juzgado, quiere conocer si los cortes en la cinta de vídeo de la cámara policial que apuntaba al bar Faisán cuyo dueño fue advertido de la operación que se iba a efectuar se produjeron durante la grabación o con posterioridad, así como la posible causa de los mismos.

El juez considera que la anterior prueba pericial ofrece conclusiones al respecto 'de carácter excesivamente genérico e inconcreto'. Asimismo, el magistrado reclama una certificación de la cadena de custodia de la cinta de VHS. Ruz también solicita más datos sobre el estudio de las llamadas realizadas en la zona a la hora del chivatazo, que sirvió a los investigadores para señalar a los imputados.

También pide a los agentes que identifiquen al presunto confidente, miembro de ETA, con el que uno de ellos se iba a reunir en Francia, para que declare en la Audiencia Nacional. Ese viaje al país vecino fue la explicación ofrecida por ambos para explicar las llamadas desde la zona. En el auto dictado ayer, Ruz convierte en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres policias, alegando la relevancia de los delitos que se imputan: revelación de secretos y colaboración con banda armada. La fiscalía ha pedido el archivo de la causa.

Igualmente, el juez solicita que vuelvan a declarar dos jefes policiales de San Sebastián que en otros testimonios ya contradijeron las tesis de los investigadores. Asimismo, deberá prestar declaración un periodista que mantuvo una conversación 'de relevancia' con uno de los imputados cuando este tenía el teléfono intervenido.