El juez Baltasar Garzón aseguró ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro que con la intervención de las comunicaciones de los imputados del caso Gürtel presos nunca quiso escuchar la estrategia de defensa que pensaban desarrollar con sus abogados, sino controlar las instrucciones que los presuntos cabecillas de la trama de corrupción pudieran impartir desde la cárcel.

Su intención, explicó, era únicamente tratar de evitar la posible destrucción de pruebas e investigar 'una trama delictiva de gran complejidad' en la que se imputaban graves delitos: blanqueo, defraudación fiscal, falsedad, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.

El supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, y el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, son acusación en la causa por la que declaró ayer Garzón como imputado por prevaricación y un delito contra las garantías de la intimidad, procedimiento iniciado a partir de la querella presentada por Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del constructor José Luis Ulibarri, también imputado en el caso Gürtel. Peláez señaló que para él había sido 'desagradable' tener que querellarse contra Garzón sin el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid, que amenazó con una querella, pero finalmente no la interpuso.

Pese a que no tenía intención de contestar a las acusaciones, ante las preguntas de Peláez, el juez de la Audiencia Nacional negó haber utilizado en alguna diligencia contra Ulibarri la conversación que su abogado mantuvo con Correa.

Como es habitual en los procedimientos de Garzón en el Supremo, el peso del interrogatorio lo llevó el instructor. Fuentes jurídicas señalaron que Barreiro fue 'exhaustivo' e 'incisivo'. Garzón explicó que en el procedimiento estaban imputados los primeros abogados de Correa: Luis de Miguel, José Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado. Su labor, según el juez, iba más allá del ejercicio profesional.

Tanto Delgado como Blanco Balín tenían a su cargo la estructura empresarial y el dinero de Correa en el extranjero. Su misión era desvincular al presunto cabecilla de sus empresas a través de países como Argentina, Panamá, Suiza y Estados Unidos. Según el juez, la intervención de las comunicaciones era la 'única vía' para evitar la pérdida del dinero ilícito.

Garzón precisó que la medida se refirió a los imputados presos y no a los abogados, por eso también se vieron afectados los letrados actuales de los imputados: José Antonio Choclán y Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo, que ayer declinaron interrogarle.

El magistrado recordó que sus autos precisaban que las intervenciones se hacían 'previniendo el derecho de defensa' y que la fiscalía nunca recurrió la medida.