El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha enviado a prisión al ex dirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', por su vinculación con el secuestro en 1996 del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, informaron fuentes jurídicas. El juez Ruz ha hecho caso a la petición del fiscal, quien había solicitado el ingreso en prisión y sin fianza de Arregui.

La participación de Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', en el secuestro de Ortega Lara consistió en asumir la dirección del comando Gohierri que perpetró el rapto después de los arrestos de sus dos dinamizadores Julián Achurra Egurola, Pototo, y Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza. En ese sentido, el detenido fue quien tomó la decisión de mantener el cautiverio del funcionario de prisiones, liberado por la Guardia Civil en julio de 1997, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo retenido en un 'zulo' 532 días, entre enero de 1996 y julio de 1997

El representante del Ministerio Público imputa al etarra un delito agravado de detención ilegal con fines terroristas, según informaron fuentes fiscales. Iñaki de Rentería se negó a declarar ante Ruz y su comparecencia ante el magistrado duró tan sólo 20 minutos.

El terrorista fue detenido en la mañana de ayer miércoles en el barrio de Behobia, en la localidad guipuzcoana de Irún (Guipúcoa), por orden del juez Ruz. El magistrado ordenó su detención a instancias de la Fiscalía y a la luz de las nuevas pruebas aportadas en un informe remitido recientemente por la Guardia Civil.

Estas pruebas demostrarían, según informaron desde el Ministerio del Interior, que Iñaki de Rentería era, dentro de la cúpula directiva etarra, el responsable del comando Gohierri, cuyo integrantes llevaron a cabo el secuestro de Lara.

El etarra se encontraba en libertad desde abril de 2010, después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiese archivar la causa abierta contra él por su presunta participación en el intento frustrado de atentado contra el Rey en Palma de Mallorca en agosto de 1995.

La Fiscalía presentó pocos días después un recurso contra el archivo de la causa y la Audiencia Nacional ordenó el 30 de abril de 2010 a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que vigilasen 'permanentemente' al antiguo dirigente etarra. Estas medidas de vigilancia fueron finalmente levantadas el 8 de mayo de 2010, después de que los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal decidiesen rechazar el recurso de la Fiscalía.