El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, puede haberse buscado complicaciones con unas polémicas palabras contra el juez Baltasar Garzón y a favor de Francisco Camps. Ayer, jueces y fiscales progresistas censuraron su comportamiento. Sus declaraciones, sostuvieron en un comunicado ambos colectivos, no son propias de quien es número dos del órgano de gobierno de la judicatura. Aún más, se trata de una “agresión”, y por ello, debe retractarse o si no, dimitir.

La nota de Jueces para la Democracia (JpD) y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) llegó dos días después de la entrevista de De Rosa en Canal 9. El viernes, el vicepresidente del CGPJ aseguró que Camps es “un buen presidente de la Generalitat Valenciana”. El mismo día, y ya en un acto público, añadió que el dirigente del PP “es una persona absolutamente honorable” y que “hoy no existe ninguna imputación contra él”. Se pronunciaba de forma tan explícita un día después de que trascendiera que el jefe del Ejecutivo autonómico podría ser imputado en la operación Gürtel por la Fiscalía Anticorrupción.  

De Rosa no es precisamente una figura desconocida para Camps. Era consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta que en 2008 el PP lo eligió como vocal del CGPJ.

Además, el vicepresidente atacó a Garzón. Precisó el viernes que si hay aforados en la causa y el juez no se inhibe, “podría estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación”.

JpD mostró ayer su rechazo “enérgico” a la “agresión a la independencia del Poder Judicial como principio fundamental del Estado democrático de derecho”. Si De Rosa no recula, puntualizó, “quedaría ética e institucionalmente inhabilitado” para su cargo, “con lo que debería presentar inmediatamente su dimisión”. Según esta asociación de jueces, el vicepresidente del CGPJ “no puede cuestionar públicamente unas concretas actuaciones jurisdiccionales mediante insinuaciones que parecen destinadas a incidir en el curso de las mismas”. La “injerencia” de De Rosa, señaló el comunicado, es “doblemente grave”: por el ataque a la autonomía de los jueces “y por lo que tiene de claro posicionamiento partidista”.

La UPF coincidió con JpD en su evaluación de las declaraciones de De Rosa. Cree que “son, como mínimo, veladamente amenazadoras”, proferidas con la “inequívoca intención de interferir” en la causa. Y le azuza por sus “servidumbres partidistas”.

Los fiscales progresistas exigen al CGPJ que ampare a Garzón y reclaman a Cándido Conde-Pumpido que proteja a Anticorrupción.

El viernes, el Consejo desautorizó implícitamente a su vicepresidente. Gabriela Bravo, la portavoz, aclaró que De Rosa había hablado “a título personal”. El órgano, recordó, se expresa a través de sus acuerdos, comunicados institucionales y la Portavocía.

Esta semana habrá más noticias. Mañana, la Comisión Permanente del CGPJ analizará el asunto. Y el jueves, el pleno del ejecutivo de la judicatura debatirá un punto incluido en el orden del día a petición de varios vocales sobre la independencia de los jueces y magistrados, por la que el CGPJ está obligado a velar.

Hubo un tiempo de vacilación, pero desde que la red de espionaje y la de la corrupción se agrandaron, los socialistas madrileños comenzaron a arremeter en tromba contra Esperanza Aguirre. El líder del partido en Madrid, Tomás Gómez, acusó ayer a la presidenta de la Comunidad de convertirse “en la gran encubridora de la corrupción interna de su partido y en el seno del Gobierno autonómico”. Además, se preguntó qué tipo de relación mantiene con los afectados por ambas tramas si a estas alturas no “se puede deshacer de ellos”. “¿Qué compromisos tiene Aguirre con el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, [el titular de Interior], Francisco Granados, [el diputado regional] Alfonso Bosch y todos los que están implicados? ¿Por qué no puede hacer ese ejercicio de transparencia democrática?”, planteó en un acto con militantes socialistas, en el que también estuvo presente el ministro Miguel Sebastián, informa Europa Press.

Gómez exigió además la dimisión de Viejo y Granados, y el cese como concejal del ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

Para el secretario general del PSM, Aguirre “no ha entendido que si hay corrupción en su partido no es culpa ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de la Policía”, sino “del PP y de sus dirigentes”, que deben “cortar cabezas”.