Con diez años de experiencia a sus espaldas, los que llevan aplicando la Ley Penal del Menor, los jueces de menores se han reunido en Córdoba para analizar esta norma. La conclusión que han alcanzado es clara: están en contra de endurecerla porque consideran que ha demostrado ser 'un instrumento eficaz para facilitar la reinserción y la adecuada integración del menor en la sociedad'.

A su juicio, las cuatro reformas que se han realizado de la norma, a menudo en caliente, por el efecto del eco generado por unos hechos horribles concretos, 'han supuesto un retroceso' en el espíritu de una ley basado en el interés superior del menor y en los fines educativos de las medidas. Por eso, los jueces miran con desconfianza cualquier medida encaminada a su endurecimiento.

Se oponen a rebajar el límite de la edad penal a 12 años, como pide el PP

Una de ellas forma parte de un discurso recurrente del PP: rebajar el límite de la edad penal, que en la actualidad está fijado en 14 años. El partido presidido por Mariano Rajoy ha llegado a anunciar que en los casos de crímenes graves se podrá juzgar a niños de 12 años. Paradójicamente, en 2009 el anuncio se acompañaba de una propuesta para que los menores de 18 años no pudieran acceder a las redes sociales sin autorización de los padres.

Según los jueces, las carencias que puede plantear la ley a la hora de imponer medidas cautelares o las fijadas en sentencia no son responsabilidad de la norma, sino de la falta de inversión de las administraciones públicas competentes para velar por su aplicación.

Una de estas medidas es la libertad vigilada, que es considerada 'muy eficaz' por los expertos y que no plantea problemas en algunas comunidades autónomas, pero sí en otras, donde hasta llegan a prescribir las que se imponen porque la falta de medios hace imposible su cumplimiento.

Critican que los medios «exploten» el discurso de las víctimas

Tras recordar que los menores tienen derecho a ser protegidos por las administraciones cuando estén en situación de riesgo o de dificultad social, los jueces insisten en que 'la intervención temprana desde el ámbito de la protección es la vía adecuada para reducir la delincuencia juvenil'.

También se mostraron muy críticos con 'el tratamiento morboso y desenfocado que algunos medios han hecho de casos aislados'. Entienden que las víctimas deben ser escuchadas, pero no pueden ser las que legislen, por eso denuncian la 'explotación mediática' que se hace de su discurso, 'consagrando la reivindicación punitiva, incluso vengativa, por delante del interés del menor delincuente'.