Las tres asociaciones mayoritarias de jueces entienden la opción elegida por el presidente en funciones del Tribunal Constitucional, Vicente Conde, de que sea el Pleno de diez magistrados (al haberse aceptado las abstenciones de la presidenta y el vicepresidente, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez) el que decida mañana cómo se resuelven las recusaciones presentadas por el Gobierno y el PP contra cinco de sus 12 miembros. La decisión supone que los magistrados se pronunciarán sobre las recusaciones presentadas contra ellos mismos. 

Mientras que Jueces para la Democracia justifica la decisión de Conde en 'la situación de parálisis' en la que se encuentra el alto tribunal por falta de quórum, Francisco de Vitoria cree que ha optado por la opción 'más comprensible por la sociedad'. Ambas destacan la imposibilidad de comparar lo sucedido con la jurisdicción ordinaria, porque los magistrados del TC no son sustituibles.

La Asociación Profesional de la Magistratura recordó que Conde ha adoptado la decisión que considera 'más oportuna', en el ejercicio de su competencia como presidente en funciones, por lo que sólo cabe 'respetarla y dejar al alto tribunal trabajar, confiando en la honradez de todos sus miembros'.

Petición de sugerencias

Tras enviar una carta a los magistrados del TC, en la que proponía dos soluciones a la crisis abierta por el PP por la recusación de tres magistrados, Conde optó por convocar el Pleno de diez para mañana. El primer punto del orden del día serán las recusaciones del PP, a pesar de que se presentaron con posterioridad. Después se estudiarán las del Gobierno.

Si los magistrados no deciden acumularlas como pide el PP, las presentadas por este partido podrían ser rechazadas de plano, es decir, sin entrar a debatirlas, por extemporáneas o por basarse en una información falsa, ya que seis magistrados del alto tribunal, incluidos dos de los adscritos al sector conservador, han informado por carta de que ninguno de los tres magistrados cuestionados se pronunció sobre la constitucionalidad de la reforma de la ley reguladora del TC impugnada por el PP.