Alcalde de la localidad costera de Cartaya (Huelva, 18.400 habitantes) hasta las elecciones municipales de mayo y candidato al Senado por el PSOE, Juan Antonio Millán aparece como protagonista en el caso Hiconsa, donde se investiga una presunta operación urbanística corrupta. Archivado en abril por el juez de Ayamonte que investigaba la denuncia presentada en 2009 por la oposición municipal en bloque, la Audiencia Provincial forzó su reapertura el pasado 20 de septiembre.

Millán, cuya candidatura al Senado quedó proclamada el 25 de octubre, fue imputado por haber firmado en julio de 2005 un convenio que consagraba la venta a dedo de unos suelos municipales localizados en la zona de El Almendral a la empresa Hiconsa, que casualmente construía en aquel momento la nueva casa del entonces concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, también imputado. La venta de los aprovechamientos correspondientes a los 11.316 metros cuadrados que el Ayuntamiento poseía en El Almendral se hizo sin tasación de los técnicos municipales: fue el arquitecto de Hiconsa quien fijó el precio en 1,3 millones. Antes de presentar la denuncia, los cuatro ediles de oposición, entre ellos uno que había pertenecido al PSOE y hoy ocupa la alcaldía como independiente, encargaron su propia tasación a otro arquitecto. Y esa cifró en 4,4 millones el precio de los aprovechamientos urbanísticos. O sea, que calcula en 3,1 el perjuicio económico para el consistorio.

El PSOE, cuya explicación de los hechos no ha logrado recabar Público pese a solicitarla con reiteración a los servicios provinciales de prensa del partido, se aferra a dos argumentos: que todo obedece a una “persecución política” y que Millán no está imputado pese a la reapertura del caso. Básicamente, es lo mismo que decía el PP sobre Francisco Camps cuando el Supremo obligó a reabrir el caso de los trajes en mayo de 2010. En Cartaya se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

La Audiencia sostiene que el caso se cerró de manera precipitada. Y subraya algo clave: que había otros interesados en adquirir los terrenos pero que, con sus declaraciones “ambiguas”, los imputados han dejado sin resolver incógnitas tales como por qué el Ayuntamiento eligió a Hiconsa sin concurso ni subasta. La Ley Urbanística Andaluza (LOUA) prohíbe la venta de suelos públicos sin tasación oficial previa. Los técnicos municipales aún no han declarado. Cuando lo hagan, habrá más pistas sobre por qué el entonces alcalde prescindió de su opinión y decidió que a dedo se vende mejor.