Visto para sentencia. La instructora del expediente Extremadura escuchó hoy a las partes, recogió toda la documentación, requirió algunos papeles más y ahora le falta resolver y elevar su dictamen ante la Comisión Federal de Garantías. Pero no estará listo hasta que no pasen las elecciones vascas y gallegas, el próximo domingo. El 21-O es sagrado. 

Es el resumen de una larga tarde que comenzó a las 17.20 horas, cuando Pedro Escobar, recién reelegido coordinador de Izquierda Unida Extremadura, atravesó las puertas de la sede federal, en la calle del Olimpo de Madrid. Acudió acompañado de la secretaria adjunta de Organización, Leonor Jiménez, a explicar qué había pasado en su federación, cómo y cuándo se convocó la XII Asamblea, con qué normas, con qué razones. Y sobre todo, con qué criterios se eligió a los 200 delegados. Cerca de las ocho, compareció por separado su rival, Margarita González-Jubete, portavoz de IU en Cáceres y representante del sector crítico, denominado La Mayoría. Una hora más tarde, a las nueve, abandonaba Olimpo. 

El foco de tensiones reside en la elección de los 200 delegados del cónclave

Los dos comparecieron ante quien, dentro de la Comisión Federal de Garantías, instruye el caso Extremadura, Gloria Aguilar, la persona que tiene en sus manos qué hacer con un conflicto que ha dado demasiadas vueltas desde el verano de 2011, cuando IU Extremadura decidió desoír las órdenes de los estamentos federales y conceder el Gobierno regional al PP, rompiendo así con 28 años ininterrumpidos de Ejecutivos socialistas. La solución de la que habla todo el mundo, en Madrid y en Extremadura, es la posible anulación de las normas que rigieron la convocatoria de la XII Asamblea, a la que no acudieron los críticos. Ello conllevaría, de facto, la anulación del congreso, celebrado el pasado domingo, y su repetición en las próximas semanas.

Escobar señala que su dirección 'ha hecho las cosas bien' este tiempo

Ni Escobar ni Jubete quisieron aventurar qué puede pasar a partir de ahora. La prudencia manda. El coordinador regional basó toda su estrategia ante el tribunal interno de IU en demostrar que su dirección 'ha hecho las cosas bien', que las reglas del cónclave se 'corrigieron' para que se acomodaran a los estatutos de IU y las directrices federales y que por tanto no se validaron normas 'tramposas' para favorecer su reelección, como presume La Mayoría. Escobar aportó a Aguilar 'mucha documentación', incluso los audios de los consejos políticos regionales en los que se discutieron las reglas de la XII Asamblea y pruebas de que aquellas 'cosas que estaban mal y que se reclamaron' se fueron rectificando. Todas las pruebas evidenciarían, expuso, que la suspensión cautelar del congreso que ordenó Aguilar hace una semana fue 'exagerada y precipitada'. En consecuencia, no cabría la anulación. 'Es una circunstancia que no se va a producir', expresó, confiado. No utilizó calificativos más gruesos. Ni disparó munición pesada contra el equipo de Cayo Lara, consciente de que debía rebajar tensiones, como ayer hizo el propio líder en rueda de prensa. 

La miembro de la Comisión de Garantías requirió, no obstante, las actas del cónclave anterior, el de 2009. ¿Por qué? Hasta la XI Asamblea, los coordinadores de las cuatro ciudades más importantes de la comunidad (Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia) eran integrantes natos de la Presidencia Regional. A partir de ese año, dejaron de serlo. La cuestión tiene su miga porque en el congreso del pasado domingo los 10 delegados natos que participaron en la misma eran dirigentes de la Presidencia, todos alineados con Escobar porque los críticos abandonaron la cúpula en noviembre de 2011. Y La Mayoría goza de fuerza, sobre todo, en las cuatro grandes localidades, las que aportan mayores votos a IU. El coordinador y Jiménez prometieron remitir las actas, aunque anticiparon que costará encontrarlas, porque la infraestructura de la federación, en aquellos tiempos, era muy limitada. El líder adjetivó la labor de Aguilar: más que quisquillosa, fue 'puntillosa', 'detallista', porque pidió 'datos objetivos' y precisión de cada punto en liza. Entre ellos, el reparto de delegados y la elección de los natos.

Jubete intentó probar el 'lío' del proceso, poco 'transparente y ecuánime'

Jubete, por su parte, entregó a la instructora el intercambio de correos que los críticos mantuvieron con la cúpula autonómica y singularmente con el responsable de Organización, Joaquín Kin Paredes, 'porque fue imposible establecer otra comunicación', dado que el coordinador se 'negó' a recibirla. La portavoz de La Mayoría reconoció que las normas de la XII Asamblea 'se fueron rectificando' a petición, precisamente, del sector crítico. De esas correcciones 'ni siquiera tenía conocimiento la [dirección] federal' y no existe 'acta' que pruebe que fueran aprobadas por un órgano regional. La resultante es un 'lío' montado, por Paredes, quizá no 'de forma voluntaria', pero que derivó en un proceso 'poco transparente y ecuánime', 'un desastre, un desbarajuste'. Puso como ejemplo la distribución de compromisarios por Cáceres: primero 6, luego 9 y después 12, aunque tenían que haber sido 'más'. Los críticos sostienen que representan a un '53-54%' de la militancia de IU Extremadura, y sobre todo dan voz a la 'mayoría social', a las grandes ciudades, las principales suministradoras de votos en las autonómicas de mayo de 2011. 

Las dos partes en conflicto salieron satisfechas de la reunión que mantuvieron con Aguilar en la tercera planta de la sede de Olimpo, en el despacho de Lara. Los dos dirigentes respondieron a la prensa en plena calle, dado que IU federal cerró a cal y canto su sede para los periodistas, por considerar que la audiencia de hoy 'no tenía cobertura informativa'.

Los dos dirigentes se van satisfechos y no avanzan si se anulará la asamblea

Escobar dijo que abandonaba Madrid 'con la misma tranquilidad' con la que había desembarcado en la capital, con la sensación que tiene un alumno al que le preguntan por un tema que se sabe al dedillo. Su aspiración es que se reconozca la 'legalidad y legitimidad' de la asamblea de domingo, que contó con una 'participación excelente', y que se habría podido revestir de 'fiesta de la democracia' de no haberla 'emborronado' los críticos con su ausencia. Escobar hizo valer sus números: de los 200 delegados designados, se acreditaron 137, el 68% del total, lo que demostraría que la pretendida Mayoría representa sólo 'un 25%', ya que no pudieron acudir a Mérida unos cuantos compromisarios afectos a la cúpula autonómica. Cargó asimismo las culpas en sus contrarios: ellos son, recordó, los que han puesto 'zancadillas' todo este tiempo, los que se fueron de la Presidencia, los que se agruparon en una corriente informal, los que impugnaron ante la Comisión Federal de Garantías las normas de la XII Asamblea, los que le llevaron a los tribunales la pasada semana. 

Jubete apuntó que 'no' había hablado con Aguilar de la posibilidad de que el congreso se anule, sino sólo de las razones que le impulsaron a recurrir las reglas y los cambios de criterio en la elección de los 200 delegados. 

Aguilar redactará un informe que deberá validar el 'tribunal' de IU

La instructora sí confirmó los plazos: no habrá nuevas noticias antes del 21-O. IU no quiere dispararse en su propio pie ahora que todas las encuestas sonríen en el País Vasco y, sobre todo, en Galicia, donde ha atado su particular Syriza: una alianza con Equo, Espazo Ecosocialista y la formación de Xosé Manuel Beiras (Anova). Aguilar, en conversación con Público, declinó comentar la sesión de hoy. Prometió resolver el conflicto 'lo antes posible' para poder elevar la próxima semana su informe al pleno de la Comisión Federal de Garantías, compuesto por nueve miembros. El tribunal interno podrá refrendarlo o no –ella, como ponente, no puede votar–. La resolución tiene valor de sentencia definitiva para las partes, es 'de obligado cumplimiento' para todos, como mil veces ha recordado el secretario federal de Organización, Miguel Reneses. 

La dirección federal se ha dejado guiar por la cautela en estos días. Lara eludió responder sobre el conflicto. Tan sólo esta mañana hubo un pronunciamiento con sustancia: Reneses, a través de un comunicado, remarcó que IU 'no reconocerá' la asamblea extremeña –y por tanto, la reelección de Escobar por un 98,5%– hasta que no haya dictamen de la Comisión de Garantías. 

Pues sí, todo indica que sí habrá una asamblea bis. Al menos eso aseguran fuentes de la dirección extremeña. Todas sus energías se han volcado en probar que el congreso del domingo se condujo bajo la máxima de la 'legalidad' total, y que por tanto es válido. Todo ha sido un 'gigantesco equívoco'. Pero si la decisión de la Comisión Federal de Garantías es, como se teme, invalidar las normas, Pedro Escobar no se negará a repetir el cónclave. 

Si Extremadura se resiste es porque la reproducción de la XII Asamblea provocará una nueva convulsión interna, una nueva subida de tensión. La dirección regional no tiene miedo a perder su cómoda mayoría. Es más, estiman que una orden adversa de Madrid polarizará más las posiciones y engrosará la fila de acólitos de Escobar. Inciden en que los críticos no pesan más que un 25-30% en el conjunto de la federación, por mucho que se hagan llamar La Mayoría. La feligresía (laica) de Margarita González-Jubete responde con el argumento contrario: los números están mal porque Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia representan al grueso de militantes y votantes de IU. 

Con anulación o sin ella, lo que está claro es que de algún modo se tiene que resolver la integración de la oposición en los órganos de dirección, ya que los 25 miembros del Consejo Político Regional (faltan por elegir otros 25) se alinean, al 100%, con Escobar. 

De fondo, la música no ha cambiado: cuenta la actitud respecto al PP. Los críticos subrayan que IU no puede seguir siendo 'cómplice' de las políticas de José Antonio Monago y adelantan que a Escobar ya le ronda en la cabeza apoyar los Presupuestos de 2013. El coordinador lo niega. En su exposición del informe de gestión, el domingo, ya afirmó que quizá pueda tumbar al presidente de la Junta, pero lo hará cuando sea la opción 'menos mala' para Extremadura, y no cuando lo diga el PSOE y su secretario general, Guillermo Fernández Vara. Fuentes de la dirección argumentan que será 'difícil' apoyar las cuentas tal como vienen. El consejero de Economía presentó ayer lunes el proyecto de ley: cuentan con 4.790.886.829 euros. O sea, un 0,84% más para 'gastar' que los Presupuestos de 2012 (40.078.283 euros más). El año pasado, Escobar presentó enmienda de totalidad y la retiró en el último momento.