El pasado 19 de diciembre la subcomisión del aborto del Congreso cerró la primera fase de sus trabajos con la promesa de que en febrero cada grupo elaborase su propuesta de modificación de la ley de 1985. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) ya ha hecho sus deberes.

En un borrador de siete páginas escrito por el propio Gaspar Llamazares –y al que ha tenido acceso Público–, las dos fuerzas plantean el “reconocimiento del derecho a la salud sexual” y el derecho de las mujeres “a recibir una asistencia sanitaria normalizada en la red pública para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo [IVE]”.

IU-ICV incide en una de las lagunas de la actual ley: la objeción de conciencia. A ella sólo podrían acogerse, esgrime, “las personas y no las instituciones”, y debe aplicarse “a los sanitarios directamente implicados en el proceso y nunca en la atención sanitaria previa y posterior a la intervención”. Una reserva unida a esta otra: la confidencialidad de los datos, de las mujeres y de los especialistas.

En suma, salvaguarda total, remacha Llamazares: “Que se asegure que objete en todo caso el profesional, no el servicio en sí, y que la Administración garantice que hay centros públicos en cada autonomía donde se atienda la demanda de la IVE”.

El portavoz de IU propone una combinación de plazos y supuestos. Primero, que la mujer pueda abortar “hasta en torno a las 20 semanas de gestación”. “No hemos afinado más porque no somos dogmáticos en este punto. Se ha creado un debate artificial”. De hecho, el 98,04% de los 112.138 abortos realizados en 2007 se practicaron entre la semana 1 y la 20.

En los supuestos, IU mantiene los casos de “alteración fetal grave” y de riesgo para la mujer. En ambos no establece límite de tiempo para interrumpir el embarazo, siempre bajo control médico.

“El Gobierno –agrega Llamazares– ha de ser valiente. Nuestra ley es de plazos, pero también de salud sexual, de educación y dignificación del aborto. Ésa es la clave”.

Despenalización

IU quiere la desaparición del aborto como delito del Código Penal. Además, entiende que el Constitucional ya avaló en 1985 la posibilidad de una ley de plazos.

Equidad

Es básico, sigue IU, que la IVE sea una “práctica normalizada más” dentro del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que se realice en la red pública y gratis, “sin perjuicio de que las autonomías hagan conciertos con clínicas privadas”. Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo de 2007, los últimos disponibles, el 98% de los abortos se hizo en centros privados, prueba del gran volumen de objeciones de conciencia de los médicos de la pública y razón de que IU ahora exija regularlo. En las dos Castillas, Murcia y Extremadura no existen clínicas públicas. En Navarra, ni públicas ni privadas.

También las menores

Para IU, hay que eliminar las restricciones del derecho al aborto a las chicas de 16 a 18 años. 

Todas las opciones

Además del aborto quirúrgico, los centros públicos deben ofrecer información y acceso de otras opciones: anticonceptivos de última generación, píldora abortiva (RU-486) y píldora del día siguiente. 

Información sin trabas

IU exige políticas públicas de prevención, educación sexual en el currículo escolar, apoyo institucional a los profesionales que practican el aborto, dignificación del mismo e inclusión de la IVE en las carreras de Trabajo Social, Medicina, Enfermería y Psicología.