"Mi nombre es Pablo Sorando González, ex alférez alumno, y en los adjuntos les cuento mi historia por si quieren publicarla". A Pablo le suspendieron de la carrera militar pocas semanas antes de recibir su despacho como alférez del cuerpo de ingenieros del Ejército del Aire, que no llegó a obtener. La razón: una supuesta enfermedad mental según un informe que el propio Tribunal Supremo invalidó hace años.

Por un correo electrónico llegó recientemente a Público uno de esos casos difíciles de explicar, en los que la lentitud de la Justicia en España juega en contra de la parte más débil. Por no hablar del laberinto que hay que cruzar para obtener, al menos, una explicación lógica y comprensible.

Nos remontamos a 2013. En junio de ese año se abre expediente de expulsión contra Pablo basado en el análisis de un psicólogo (y no en un informe psiquiátrico, como es perceptivo) realizado dos meses antes, y le suspenden. El 4 de julio se entregaron los despachos de su unidad, pero a él no. 

Aunque el el jefe de psiquiatría del Hospital Central Militar Gómez Ulla le declara apto y útil en agosto de 2013, una resolución posterior de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, del 21 de noviembre de ese mismo año, "se acuerda la baja del recurrente en el centro docente de formación para el acceso a la condición de Militar de Carrera del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, Escala de Oficiales". Las razones: "trastornos de la personalidad y conductas reaccionales ante la ansiedad", a lo que se añade "antecedentes personales psiquiátricos y una personalidad narcisista y compulsiva".

Todo ello a raíz de un peritaje psiquiátrico irregular, en el que se le termina clasificando como C19 (cualquier otra alteración psíquica que afecte al individuo y que comprometa la correcta realización de sus actividades). Y finalmente, el 26 de noviembre de 2013, resultó expulsado del Ejército.

En ese momento comienza el penoso periplo judicial de Pablo, que denunció las irregularidades en todo este procedimiento. Tuvieron que pasar seis años hasta que el Tribunal Supremo le dio la razón en septiembre de 2019; anuló la desestimación de su caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ordenó la repetición de esas pruebas porque eran inválidas.

Para el Supremo, en primer lugar, la Junta Médico Pericial Psiquiátrica "se constituyó indebidamente porque sólo estaba integrada por cuatro especialistas en psiquiatría", cuando debieron estar presentes "cinco oficiales médicos peritos". Además, el Alto Tribunal reconoció que el informe pericial que causó la salida de Pablo era "incompleto" y ordenó su repetición.

A partir de ese momento, todo el caso derivó en una pesadilla: en diciembre de 2019 -seis años después de su expulsión- se anuló su baja como alumno de la Academia General el Aire; hubo cambios de fecha repentinas para realizar las nuevas pruebas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, las posteriores pruebas psicofísicas que eran prácticamente una copia de la otra, etc.

De esta forma, cada vez que la Junta Médica Pericial Psiquiatrica emitía un informe, repetía una y otra vez lo mismo sin justificar nada. Y los plazos parecían no existir para Defensa, a la vista de los múltiples escritos a los que ha tenido acceso Público.

Los médicos militares llegaron a ratificar, en febrero de 2020, el acta de 2013, que el Tribunal Supremo había calificado de "inapropiada". Una y otra vez, la Junta Médica señala sin explicar nada que se desprende que Pablo "presenta rasgos anómalos en su personalidad de sensitivismo, ansiedad, desconfianza, yo hipertrofiado, obsesivos, retraimiento social, que se han mantenido en el tiempo, tal como hacemos referencia a lo largo de su evolución histórica, en el acta del 2013, ya las referencias que realiza la Sentencia origen de estos reconocimientos de 2020 y 2021".

Tal bucle llega al punto en el que, ya a mediados de enero de 2021, se señalaba la caducidad del expediente y su archivo, con la posibilidad de iniciar uno nuevo con toda la documentación del anterior. Y mientras Pablo insistía recibir explicaciones, recibió una serie de transferencias de Pagaduría de Haberes del Órgano Central (sueldos atrasados que le corresponden) sin "que se le explicasen el importe inicial ni el importe de cada una de las mensualidades abonadas".

Este diario ha podido acceder también a toda una serie de documentación que demuestra que Pablo es trabajador activo (su vida laboral indicaba que hasta el 13 de octubre de 2021 había estado de alta en la Seguridad social seis años y seis meses) y en su historia médica del Servicio Madrileño de Salud no ha rastro de trastorno mental alguno.

Así las cosas, Pablo decide acudir al Defensor del Pueblo en noviembre de 2021. Básicamente lo que pide es una explicación. Por qué Defensa ha decidido que él padece un "trastorno psiquiátrico o algún tipo de rasgo"; por qué el Ministerio no le ha explicado que de padecer algo [que no se ha demostrado suficientemente, como dice el Supremo] ello supondría convertirle en una persona "incompatible con la de realizar diversas funciones en el Ejército". A qué se debe el "trato degradante" que dice haber sufrido por haber pasado por este calvario judicial y psiquiátrico.

Por qué, en definitiva, se empeñan los médicos militares en diagnosticarle un "trastorno mixto de la personalidad" que, aunque Pablo alega no tener ni el más mínimo síntoma, explican como "rasgos que al principio pueden pasar desapercibidos y ser más tolerables pero con el paso del tiempo pueden transformarse en rígidos, inflexibles y desadaptativos, pudiendo ser fuente de conflictos [...] como parece que ocurrió en nuestro informado, según los informes de su estancia en el Ejército del Aire".

"Tengo alma de guerrero"

"Estoy decepcionado, muy decepcionado", comenta Pablo a Público, que añade: "Me sorprende que salgan tipos dando conferencias sobre la mejora de la comunicación estratégica para fomentar la conciencia sobre la Defensa, o que se culpe a la clase política de que se aliste poco personal, cuando pasan cosas como la mía; no soy ni el primero ni el último y, seguramente, que ahora mismo haya algún pobre desgraciado a punto de recorrer el mismo camino".

Todo este largo proceso le ha daño, aunque asegura que lo que más le dolió fue el veredicto de la sala 8 del TSJM. "Aquello hundió mi flota; ¿qué entenderán los magistrados por el art 24 de la Constitución [sobre el derecho de todos los ciudadanos a la tutela efectiva de jueces y tribunales]?".

Además, reconoce "lo mal que lo pasan las familias con estos procesos". "No es sólo angustia lo que sufre, es rabia e impotencia", afirma. Y también añade que "debe un Potosí" a su abogado, pero él no tira la toalla: "No tendré el empleo de soldado, pero creo que tengo alma de guerrero: soy de titanio oro".

La 'trampa' de las pruebas psicofísicas

"Yo misma he instruido durante 18 años los expedientes psicofísicos en el Ejército de Tierra, tanto en Aragón como en Catalunya", declara a Público la capitana Lourdes Cebollero, retirada del Ejército por un sonado caso de acoso que terminó, paradójicamente, con ella "inadaptada a la vida militar" y encima denunciada. Su caso abrirá un nuevo capítulo la semana próxima, pero Cebollero puede hablar en primera persona de lo que se esconde tras la expulsión del alférez alumno Pablo Sorando.

En conversación telefónica, Cebollero exclama: "¡De la sanidad militar puedo escribir un libro!". "A lo largo de mi profesión en activo, y a la hora de instruir expedientes, he visto cómo funciona", afirma, y explica: "Por un lado, la sanidad militar no valora objetivamente, sino que lo hace con el empleo de la persona que se somete a estas pruebas escrito en toda la documentación; no es no mismo resolver la capacidad o discapacidad de un mando que de un miembro de la tropa, o en este caso, de un alumno aspirante que de un militar con empleo, ahí ya no vamos bien".

En segundo lugar, la ex capitana evoca, desde su experiencia personal: "Habitualmente, y no hablo de casos aislados, la gente a la que yo recibía en mi despacho manifestaba que el Tribunal Médico no les dejaba presentar documentación alguna", así como que los interesados no podían acceder a documentación en la evaluación. La falta de transparencia parece la marca de la casa.

Pero Cebollero apunta algo más. "Algo que me consta de primera mano es que algunos altos mandos vinculados con la sanidad militar imponen la suma aritmética en el cómputo para valorar posibles discapacidades (según las tablas de la OMS), y no procesados por ejes de coordenadas de las tablas, porque así se puede dar una valoración de discapacidad superior a la del 33%".

"En definitiva, por muchas pruebas psicofísicas que realice la Junta Médica que toque, luego hacen lo que les sale del moño", espeta la ex capitana, que alude a su propio caso: "Sin antecedente previo en absoluto, ya que jamás tuve un tratamiento o seguimiento de la Junta del Hospital Militar de Zaragoza, mi pase a retiro se produjo tras cinco minutos de conversación con un coronel psiquiatra. Me dijo 'No me tienes que contar nada, yo ya sé lo que tengo que hacer'; imagina mi cara".

Según la experiencia de Cebollero, ese coronel psiquiatra le dijo que se olvidase de todo, que no iban a "perder el tiempo" y que se dedicase en su retiro "a ser feliz". Así fue cómo salió del Ejército esta mujer, como una "discapacitada psicológica".

"Encima la Seguridad Social da por bueno lo que dice la sanidad militar, así que que yo estoy retirada, pagada con el dinero de todos, porque sí", añade, y finaliza: "Así fue mi caso, lo juro por mis hijos".