El preacuerdo del convenio colectivo entre los sindicatos y las cinco patronales del sector cárnico en Catalunya ha alejado el fantasma de la huelga, prevista para el 25 y el 26 de noviembre y entre el 3 y el 8 de diciembre, pero no ha resuelto algunas las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores, especialmente las relacionadas con la profesionalización de las relaciones laborales. El principio de acuerdo, vigente desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023 y que beneficiará a 34.000 empleados en Catalunya, supondrá un aumento de sueldo del 3% este año, un 2,75% para 2022 y un 2,5% en 2023.

Más allá de las habituales reclamaciones salariales, el convenio introducirá por primera vez algunos elementos ya presentes en otros sectores, como el establecimiento de una jornada laboral diaria máxima de 10 horas, una reducción de las horas anuales, un permiso retribuido para acudir al médico o la regulación de aspectos como el ritmo de producción, el derecho al descanso, el teletrabajo o la organización del calendario.

Estos aspectos se materializan en un sector caracterizado históricamente por la precariedad de las condiciones laborales. Así lo reconoce la secretaria de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Catalunya, Alícia Buil. "El convenio es un acuerdo de mínimos, con el que intentaremos regularizar las condiciones laborales y luchar por mejorarlas". Buil recuerda que el punto de partida es el de unos trabajos duros, a menudo ocupados por personas migradas, donde "se producía un abuso de las empresas contratantes". Las situaciones que comenta la responsable sindical se traducían en la creación de cooperativas de servicios o con la imposición de la figura del falso autónomo para evitar las cotizaciones de las cárnicas en la Seguridad Social.

"A golpe de denuncia hemos ido superando la desregularización brutal de las condiciones laborales, haciendo que en Catalunya estas prácticas queden como residuales", indica Buil. Esta lucha por reducir la precariedad implica, según añade, que "los trabajadores tomen conciencia de que disponen de unos derechos, que también deben ejercer, en ámbitos como la seguridad y los riesgos laborales, las horas de trabajo, la representación sindical a través de un comité de empresa o un calendario laboral".

El reto de la profesionalización

Buil alude a la necesidad de "hacer mucha pedagogía para profesionalizar las relaciones laborales". En este sentido, cree que el acuerdo mejora la situación de las empresas porque las dota de herramientas para impulsar la negociación y disminuirá su conflictividad interna. Esta transición hacia la regularización se inició en 2019, momento en que la Inspección de Trabajo dictaminó que el Grupo Jorge, una de las cárnicas de referencia del sector, con plantas en Mollerussa (Lleida) y Santa Eugenia de Berga (Barcelona), tuvo que pagar más de seis millones de euros por las cuotas atrasadas en la Seguridad Social de 1.616 trabajadores empleados como falsos autónomos.

Inicialmente, fuentes de una de las patronales de las cárnicas acusaron a los sindicatos de forzar una posible huelga para perjudicar a la hostelería en uno de los períodos del año donde se concentra un mayor consumo de carne. Una vez se han desconvocado los paros, desde este medio se ha intentado contactar con la Federación Empresarial de la Carne y las Industrias Cárnicas (Fecic), una de las patronales de referencia en el sector, sin recibir respuesta alguna al respecto.

Por su parte, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) advierte de un contexto económico difícil a consecuencia de la incierta situación de la energía y el encarecimiento de los combustibles y de las materias primas, la caída de algunos mercados estratégicos de exportación, además de los ataques al sector, y el descenso del consumo de los productos de origen animal. En un comunicado, señalan el fuerte desgaste que han sufrido las empresas con la pandemia, derivado a la par de la pérdida de negocio, la morosidad y otros costes derivados de la gestión de la Covid-19.

Beneficios récord

Desde el sindicato CCOO Catalunya, su secretario de Acción Sindical en la Industria, José Juan Marín, lamenta, pese al preacuerdo, que "seamos una referencia por la cifra de trabajadores, pero no por las condiciones laborales". Con relación a estas, asegura que "las empresas han tenido beneficios récord durante la pandemia, que superarán a corto plazo, y en cambio los salarios de los empleados son de los más bajos de la industria". Marín lo enmarca en un contexto de jornadas de trabajo muy largas, con festivos obligatorios y una penosa actividad.

La negociación de mínimos de los sindicatos ha permitido que las plantillas no pierdan poder adquisitivo en un sector que lidera las exportaciones y ha aumentado sus ventas con la Covid-19. Tanto UGT como CCOO afirman que "no resulta viable que los beneficios empresariales no repercutan en los trabajadores".

Pese a estos avances, todavía se reproducen capítulos de precariedad laboral. A principios de este mes, la plataforma Càrnies en Lluita convocó una concentración frente a las instalaciones del matadero de Costa Food Meat en Gurb (Barcelona) para protestar contra el despido de seis trabajadores. La plataforma denuncia que la decisión se tomó después de que los empleados reclamaran mantener la antigüedad en sus nóminas. Además, advierten que la dirección lo hizo constar como bajas voluntarias para que los trabajadores no tuvieran derecho a percibir el paro. Mientras, los empleados consideran que el despido fue una respuesta a la voluntad de crear una sección sindical dentro de la empresa. Conflictos como estos son pequeñas rémoras del pasado que ponen al sector cárnico ante el espejo y le instan a seguir luchando por reducir la precariedad laboral y consolidar las condiciones de las plantillas.