Las críticas de la Iglesia a la futura ley andaluza de muerte digna no han pasado de meras palabras. Los obispos no han presentado ninguna alegación contra el anteproyecto, cuya fase de exposición ya ha finalizado, según confirmaron este miércoles a este diario fuentes de los Obipos del Sur (Odisur). “No se ha hablado del asunto”, afirmaron.

La ausencia de alegaciones resulta contradictoria con las declaraciones de la jerarquía católica en los últimos meses sobre la norma. En junio, el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, calificó la ley como un “entretenimiento absurdo” de la Consejería de Salud. “La vida de las personas no es negociable”, remachó. El pasado martes, en una conferencia en Córdoba, recordó: “La muerte es siempre digna, pero lo que no es digno es el método que se emplea para hacer a una persona morir”, en alusión a la ley. ¿Por qué los obispos no han presentando entonces alegaciones? ¿Las van a presentar ahora? “No, no hay nada”, zanjaron desde Odisur. La Consejería de Salud, pese a haber concluido el plazo, siguió mostrándose abierta a recibir cualquier sugerencia para tenerla en cuenta en la tramitación de la ley.

No es la primera contradicción. El testamento vital que la Conferencia Episcopal aconseja suscribir a sus fieles en su página web avala la esencia de la ley andaluza: proteger la dignidad del paciente en el proceso de su muerte, aun cuando suponga rechazar un tratamiento o aliviar su agonía mediante la sedación paliativa. Tanto en la ley como en el testamento vital católico, quedan fuera la eutanasia activa y el suicidio asistido.

¿Dónde está la diferencia? Según la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la Iglesia “juega” con las palabras. “Cuando dicen que se puede rechazar un tratamiento, se refieren a tratamientos extraordinarios, por eso se opusieron a retirarle el respirador a Inmaculada Echevarría”, explica el portavoz de la asociación, César Caballero.

La ley andaluza de muerte digna, actualmente en trámite, dará cobertura jurídica y asistencial a los pacientes en estado terminal que opten por interrumpir los tratamientos que los mantienen con vida. También regulará la aplicación de la sedación paliativa, lo que evitaría casos como el del hospital Severo Ochoa, en Leganés, y prohibirá el encarnizamiento terapéutico –insistir en un tratamiento que no beneficia y añade dolor–.

La norma, pionera en España, obligará también a los centros privados a su cumplimiento. Según el anteproyecto, los médicos de estos centros serán sancionados con multas de entre 60.000 euros y un millón por negarse a retirar un respirador, a sedar a pacientes terminales o por incurrir en obstinación terapéutica. Con esta ley, se evitaría, por tanto, que un paciente tenga que ser trasladado de un centro privado a uno público, como ocurrió con Inmaculada Echevarría.