Con seis palabras despachó ayer el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la denuncia que la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí interpuso el miércoles contra él ante la Fiscalía Anticorrupción: “No he visto nada de eso”, replicó escuetamente cuando le fue requerida su opinión sobre la demanda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El número dos de Esperanza Aguirre no descendió a más detalles. Por su gesto, quería evidenciar que desconocía el delito que le atribuye la plataforma de vecinos: tráfico de influencias, por haber adjudicado, en diciembre de 2006, la explotación del campo de golf del distrito madrileño de Chamberí a una empresa, Tecnoconcret, ligada a su familia.

Los hechos, relatados por Público, se remontan a marzo de 2003. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid concedió al Canal de Isabel II la licencia de obra para construir un gran parque público. En noviembre, la victoria de Aguirre situó a González al frente de la empresa de aguas. El vicepresidente decidió entonces cambiar el proyecto. Reservó parte de los terrenos a un campo de golf privado. En 2006, el Canal otorgó la explotación a tres empresas: Soto Once, Iridium y Tecnoconcret. Esta última fue constituida por José Antonio Clemente, socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad, Tamanaco 07 Consulting.

Los vecinos concluyen que la modificación del plan original, que contó incluso con la frontal oposición del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, obedece a una razón, el “interés particular” del vicepresidente, que quería “beneficiar a sus familiares”.

La Asamblea de Madrid ya abordó el contrato del campo de golf, pero González, para PSOE e IU, no aportó argumentos convincentes.