El Gobierno pretende facilitar el acceso a los fármacos destinados a paliar el dolor de los pacientes en situación terminal o de agonía. Así lo recoge el proyecto de Ley de Muerte Digna que aprobó hoy el Consejo de Ministros. Es una de las principales novedades que incluye el texto, que a partir de ahora empezará su trámite parlamentario. El Gobierno ha incluido en el texto una disposición adicional cuarta (que no figuraba en el anteproyecto) en que insta a Sanidad a 'promover las medidas normativas precisas' para 'hacer más accesible el tratamiento a estos pacientes'.

Otra de las novedades del texto es que en su exposición de motivos define qué es la eutanasia y aclara que la ley no la regulará: 'Como la acción de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, aspecto ajeno a los regulados en la presente ley', describe.

Finalmente, el Gobierno también ha retirado la obligación de que sean al menos dos médicos quienes dictaminen si el paciente es capaz de decidir por sí mismo. Bastará con uno, aunque podrá pedir consejo a otros profesionales.

La futura ley pretende garantizar que las personas que están en fase de agonía mueran como deseen. El objetivo es potenciar un registro de voluntades previas. La iniciativa quiere velar por la dignidad de las personas hasta su último aliento. Andalucía y Aragón ya tienen leyes similares.

El PP desaprueba la norma, al verla innecesaria. Considera que la Ley de Autonomía del Paciente y los planes regionales de cuidados paliativos garantizan que prime la voluntad del paciente. Esta oposición se escenificó hace dos semanas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Los consejeros del PP dieron plantón a la ministra y al resto de autonomías, entre otras razones para evitar hablar de la futura ley.

Por su parte, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) evitó pronunciarse sobre el contenido del proyecto de Ley. Su presidente, Javier Rocafort, criticó 'el trámite tan urgente por el que se ha hecho el procedimiento'. La ley fue anunciada en noviembre de 2010.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (Fadsp) considera positivo que la futura ley reconozca los derechos de los pacientes, pero lamenta que no se regule de una manera eficaz la garantia de su cumplimiento por las autonomías ni se establezca financiacion adicional. Las asociaciones ultra católicas continúan considerando que la ley abre la puerta a prácticas eutanásicas.