Con la monarquía española en horas bajas, el Gobierno del Partido Popular utiliza la figura de Juan Carlos I como ariete diplomático en su peculiar batalla con Gibraltar que ha dado al traste con seis años de convivencia más o menos cordial entre las poblaciones separadas por la Verja.

Así, el próximo miércoles, el Jefe del Estado español participará en Algeciras en un acto de respaldo a la Guardia Civil, cuyas lanchas vienen teniendo roces con las de la Royal Gibraltar Police en aguas próximas a la colonia británica, ante el desacuerdo pesquero que vive la zona desde hace tres meses. El monarca nunca ha tomado parte activa en litigios de este calibre, aunque en anteriores ocasiones ha asumido negativas relacionadas con esta misma causa como cuando la reina y él se negaron a asistir a la boda entre Carlos de Inglaterra y Diana Spencer porque la pareja incluyó al Peñón en su controvertida luna de miel.

Sin embargo, en este caso, la visita del rey a Algeciras se interpreta como una intervención directa en un pulso diplomático que tiene poco de diplomático. De hecho, en el Campo de Gibraltar, también ha provocado cierta perplejidad que la Casa Real centre su visita en la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras cuando la población más afectada por esta refriega es la de La Línea de la Concepción. Sin embargo, el hecho de que la primera de estas ciudades esté gobernada por el Partido Popular, en la figura de José Ignacio Landaluce, y la otra tenga a la socialista Gemma Araujo como presidenta de la Corporación local pudiera explicar esta circunstancia.

Como también podría motivar un cambio en la agenda de Juan Carlos de Borbón, después de la trascendencia pública que ha tenido una carta dirigida por la alcaldesa linense al Gobierno de la Nación y de la que remitió copia al palacio de La Zarzuela. En ella, la primera edil del municipio vecino a la Roca se muestra 'sorprendida y perpleja' por el anuncio de la visita real, toda vez que '53 de las embarcaciones implicadas en el conflicto pesquero son de aquí', mientras que de Algeciras sólo hay seis, según recuerda en su misiva.

Mientras, la Asociación Unificada de la Guardia Civil muestra su satisfacción por el apoyo del rey a la Benemérita, la alcaldesa reprocha que 'apoyar a quienes vigilan (Guardia Civil) y no así a los que sufren (pescadores) es algo que sencillamente no se entiende'. 'El desacierto en la visita es total, y ruego encarecidamente que no tome a mal mi rotundidad. Esta ciudad sufrió como ninguna otra el cierre de la Verja en 1969, obligando a una migración masiva que casi alcanzó a la mitad de la población al trabajar en Gibraltar. La ayuda de entonces se centró en inversiones que fueron radicadas en otras ciudades de la comarca, pero no así en La Línea de la Concepción, la que paulatinamente fue empobreciéndose'.

Gema Araujo y su predecesor en el cargo, el conservador Alejandro Sánchez, del PP, hicieron personalmente entrega de sendos escritos al titular de la corona española durante su visita a Cádiz, el pasado 19 de marzo, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Entonces, ambos cargaban las tintas sobre la difícil situación económica del municipio que ha llevado al impago de nóminas y de facturas de proveedores durante los últimos meses. Ahora, la alcaldesa insiste en que España empieza en La Línea y con este viaje a Algeciras, apenas a veinte kilómetros de distancia, dicha ciudad se ve menospreciada.

Por su parte, los pescadores, a través del patrón mayor de la Cofradía de La Línea, Leoncio Fernández, ya ha hecho saber que no le agrada las intromisiones políticas que está sufriendo este asunto y que no hace más que demorar una solución para la flota local que lleva tres meses viéndose perjudicada por el tira y afloja entre las autoridades gibraltareñas y españolas: 'Nadie dice ni pío sobre el perjuicio económico que estamos sufriendo los pescadores y del que nadie va a resarcirnos'.

'A mi no me importa si Gibraltar es español o si es inglés, yo lo que quiero es llevar dinero a casa', afirma José, un pescador algecireño que prefiere no dar su apellido y que mira hacia otro lado cuando el periodista le pregunta por qué los pescadores de bajura de la Bahía de Algeciras dejaron hace mucho de faenar en aguas estrictamente españolas.

Sin embargo, la actual guerra fría en las relaciones en torno a Gibraltar se inició mucho antes, quizá el último veinticuatro de enero, cuando el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, saludó a un eurodiputado conservador británico bajo el expresivo grito de 'Gibraltar, español'. Más allá del chiste, precisó: 'Vamos a cambiar la política sobre Gibraltar, se acabó la broma'. Pocas semanas antes, había sido elegido como ministro principal del gobierno gibraltareño el socialista Fabian Picardo, nieto de una republicana española de Los Barrios (Cádiz), que encontró refugio en el Peñón durante la dictadura franquista. Tanto uno como otros volvieron a coincidir en que en situación de crisis, siempre conviene un enemigo exterior.

Al Partido Popular no le gustó nunca el Foro Tripartito, constituido en Córdoba en 2006 y que otorgaba al entonces ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, voz de igual a igual con los representantes de Londres y Madrid en dicho cónclave. Y a los socialistas gibraltareños, desde la era de Joe Bossano -ahora relegado a un ministerio de segundo rango en el gabinete de su delfín Picardo--, tampoco les gustó nunca los 'arreglitos' con España. Máxime cuando, desaparecido el Foro tripartito por decreto del Gobierno Rajoy, ahora se les volvía a degradar en su representación en los asuntos domésticos con Gibraltar que era la materia que se dirimía bajo dicho formato.

Acuciado por la crisis económica que empieza a afectar a la imbatible Roca y desairado por La Moncloa, a Fabian Picardo le ha faltado tiempo para apelar a un acuerdo pesquero de 1991 que impedía el uso del copo como artes pesquera en el caladero próximo al Peñón. Su Gobierno ha utilizado el pretexto ecológico para suspender las labores pesqueras en dicho área, pero al alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce, a la sazón diputado y miembro de la comisión de Exteriores del Congreso, también le faltó tiempo para recordar que el Tratado de Utrecht, del que se cumplirán tres siglos el próximo año, no reconocía aguas jurisdiccionales a Gibraltar. Quizá sea por el hecho de que en 1713 no existía el concepto de aguas jurisdiccionales.

También Landaluce llegó a implorar al principe Eduardo, conde de Wessex, que no inaugurase la pasada semana la nueva terminal del aeropuerto de Gibraltar al encontrarse situada sobre el istmo cuya cesión España no reconoció nunca a pesar de que los británicos levantaron en él la polémica Verja en 1908 y construyeron luego, en 1937, la primera pista del actual aeropuerto. En 1987, se firmó un polémico acuerdo para el uso conjunto de dicho campo de aviación, lo que en principio suponía tablas en dicha partida. Sin embargo, aquello le costó la dimisión al histórico líder gibraltareño Joshua Hassan y no llegó a ponerse en práctica hasta que veinte años después se desbloqueó el conflicto, comprometiéndose España y el Reino Unido a construir una terminal en suelo gibraltareño y otra en suelo linense. Sin embargo, esta última opción fue descartada al fracasar la utilización comercial de dicho aerodromo que ya no tiene apenas vuelos con la Península ibérica y donde hace mucho dejó de operar Iberia. El Gobierno español, al cargar las tintas sobre este rifirrafe quizá olvida que la nueva terminal aeroportuaria fue construida por la empresa española Dragados y Construcciones.

Ya hay muchos campogibraltareños que sospechan qué lleva en su coqueto y sempiterno bolso Isabel II, la Reina de Inglaterra: una copia del Tratado de Utrecht, cuyo epígrafe X fijaba la cesión a perpetuidad de Gibraltar a la corona británica. En 1954, dos años después de subir al trono de Inglaterra, la hija del rey tartamudo viajó a Gibraltar y ello supuso el inicio de una larga guerra fría por parte de las autoridades franquistas que justo un año antes habían salido del aislamiento internacional tras la firma del primer acuerdo de cooperación con Estados Unidos y del concordato con la Santa Sede. Madrid retiró entonces, como medida de protesta, su consulado gibraltareño y no lo ha restituido desde entonces. En cuanto la ONU admitió a España, el Palacio de Santa Cruz llevó hasta el Comité de los 24 la descolonización de Gibraltar y al no conseguirlo, cuando el Reino Unido otorgó una Constitución amplia a su colonia, el Pardo asumió las sugerencias de su canciller Fernando María de Castiella y encerró a treinta mil personas, a cal y canto, tras la Verja.

Toda una generación creció allí sin ver 'una vaca en directo', lo que generó una clara actitud hostil hacia sus carceleros. Tras la apertura peatonal decidida en diciembre de 1982 por el primer gobierno socialista, el paso fronterizo no se normalizó hasta 1985, aunque siempre estuvo sujeto a endurecimientos en sus controles, como los que, desde que comenzó el conflicto pesquero, afectan a todos quienes cruzan dicha zona y que se ven retenidos hasta más de dos horas bajo un control policial kafkiano que no se recordaba en la zona desde que, a mediados de los 90, los reforzó el malogrado gobernador civil César Braña, en su lucha contra el narcotráfico.

Los principales perjudicados siguen siendo los cuatro mil trabajadores españoles que emplea el PeñónTanto entonces como ahora, los principales perjudicados siguen siendo los cuatro mil trabajadores españoles que emplea el Peñón: 'En España, me amenaza el paro y la reforma laboral. Y, ahora, mi propio Gobierno me hace perder más horas para llegar a mi puesto en el Peñón', rezonga Ángel Suárez, camarero andaluz en un restaurante gibraltareño, bajo la estatua que rinde homenaje a estos obreros y cuyo bronce se alza en La Línea, frente al recinto aduanero. 60 años después de su llegada al trono y de su controvertida visita a Gibraltar, de la que queda una placa conmemorativa en uno de los miradores del Peñón, el jubileo de diamantes de Isabel II vuelve a provocar problemas entre Madrid y Londres.

Ahora, han venido de la mano de su hijo, que ha visitado Gibraltar durante tres días, aunque ningún otro turista suela invertir tanto tiempo en la Roca. Las autoridades españolas consideraron dicha visita una provocación, como las gibraltareñas entienden ahora que también lo es el viaje de Juan Carlos I. Nadie cree probable que a pesar del populismo de estas refriegas diplomáticas, pueda ahora cerrarse de nuevo la Verja. Pero, de no ser por la demostrada independencia de sus máximos responsables, a nadie le extrañaría que el ministro García Margallo propusiera echarle el cierre al Instituto Cervantes que dirige, en el corazón del Roca, el competente sociólogo español Francisco Oda que ha logrado rentabilizar económica, cultural y socialmente sus instalaciones.