El cómputo de los contratos obtenidos por la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid se vio ayer drásticamente incrementado al alza tras conocerse un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso. El informe detalla cómo las empresas de Grupo Rafael, que, según alertó ya hace meses la Brigada de Blanqueo, operaba como pantalla del grupo de Francisco Correa, obtuvieron del Gobierno de Esperanza Aguirre 819.251 euros entre 2004 y 2007 gracias a contratos adjudicados a dedo.

Otras dos sociedades igualmente investigadas en el caso Gürtel por su conexión con la red de Francisco Correa, MQM y Grupo Elba, lograron con el mismo sistema 257.260 euros. MQM es la misma compañía que en vísperas de las elecciones de 2007 se hizo, mediante concurso, con un contrato fantasma de publicidad por 1,2 millones de euros.

Los nuevos datos dejan viejo el cálculo de que la trama logró sólo tres millones

Los datos anteriores tienen una consecuencia inmediata a efectos de la investigación sobre las relaciones con la Comunidad de Madrid: que Correa no sólo logró más de tres millones en adjudicaciones a dedo a través de las empresas bajo su mando directo Easy Concept, Servimadrid, etc. sino otros 2,3 millones adicionales gracias a compañías tributarias que optaban a contratos públicos como si fueran por completo ajenas al entramado corrupto.

Los datos del informe policial se sustentan en la documentación remitida por el Gobierno madrileño a instancias del juez instructor del caso, Antonio Pedreira. La Comunidad se ha resistido durante meses a entregar esa documentación al juez. Y se la hizo llegar al magistrado a partir del 18 de marzo de este año, diez días antes de la convocatoria formal de elecciones. Las facturas analizadas ahora llegaron al juez desde nueve consejerías del Gobierno de Madrid: Educación, Transportes, Vicepresidencia, Empleo, Mujer e Inmigración, Cultura, Sanidad, Asuntos Sociales, Presidencia, Justicia e Interior, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La Policía subraya de nuevo cómo se esquivaban los concursos públicos

El informe, acompañado de los anexos que detallan una a una las facturas giradas a la Comunidad por Grupo Rafael, MQM y Grupo Elba, subraya un extremo ya común en los documentos policiales: 'Puede observarse cómo ninguna de las facturas emitidas supera el umbral de los 12.000 euros, establecido para ser considerado un contrato menor, con lo que únicamente requiere el libramiento del gasto contra la presentación de la factura, eludiendo los procedimientos de contratación pública'.

La versión oficial de Esperanza Aguirre y su equipo siempre ha tendido a endosar al exconsejero Alberto López Viejo la responsabilidad exclusiva de lo sucedido. Imputado desde febrero de 2009, López Viejo trabajó desde 2004 y hasta 2007 a las órdenes del vicepresidente Ignacio González. Y lo hizo como viceconsejero de Presidencia, un puesto desde el que, según la versión oficial, organizaba los actos públicos de la presidenta con independencia de qué consejería los pagase.

Aguirre se resistió durante meses a enviar al juez la información exigida

La primera vez que la Policía habló extensamente sobre el papel del Grupo Rafael en los manejos económicos de la trama corrupta fue el 10 de noviembre de 2009. En un informe fechado ese día, la Brigada de Blanqueo comunicó al juez que la red de Correa marcaba 'objetivos en la gestión de facturación' a Grupo Rafael, que asumía 'los importes correspondientes a la deuda' del conglomerado Gürtel con la Comunidad de Madrid.

Y lo hacía como si esa deuda 'fuera la suya propia', realizando 'incluso la gestión de cobro con los distintos organismos'. En otras palabras, Grupo Rafael no había operado como un gestor contratado por un tercero para una misión determinada el cobro de recibos en este caso, sino como si todas las facturas, las suyas propias y las de Correa, formasen un todo inseparable. A ese grupo pertenecen las sociedades Fotomecánica Rafael, Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Doble M y Kilda Producciones Fotográficas.

Cuando, en abril de 2010, Público desveló el contenido de ese primer informe policial, un portavoz oficial del Grupo Rafael negó rotundo que sus empresas hubieran gestionado alguna vez el cobro de facturas de las compañías de Francisco Correa. El grupo, dijo el portavoz, sólo fue proveedor de las compañías de Correa. Con sus correspondientes sociedades, el Grupo Rafael centra uno de los correos electrónicos que la Policía incautó durante un registro en la sede de Easy Concept. Ese correo resultó clave para que la UDEF (unidad policial de delitos económicos) concluyese la existencia de 'una estrecha vinculación entre el grupo de empresas dirigido por Francisco Correa Sánchez con otras sociedades y grupos'.

Fechado el 8 de abril de 2008 y dirigido por el Grupo Rafael a Easy Concept, ese mail incorporaba como archivos adjuntos seis hojas de cálculo con la siguiente denominación: Facturas Grupo Rafael.xls; Resumen de cobros GrupoRafael.xls; Facturas DISEÑO ASIMÉTRICO.xls; Resumen de cobros Diseño Asimétrico.xls: Facturas Easyconcept, Good&Better y Downtown Consulting.xls: y Resumen de cobros Easyconcept, Good&Better y Downtown.xls.