Frente a la petición de 17 años de inhabilitación que han puesto sobre la mesa las acusaciones personadas en la causa, el juez Baltasar Garzón solicita su absolución. Argumenta que no cometió ningún delito cuando ordenó la intervención de las comunicaciones que los imputados en el caso Gürtel presos mantuvieran con cualquier persona, incluidos sus abogados.

No es la primera vez que la defensa de Garzón sostiene que el primer instructor del mayor caso de corrupción de los últimos años no prevaricó al ordenar las escuchas, pero sí es ahora cuando presenta los razonamientos que esgrimirá en el juicio. El abogado del juez en esta causa, Francisco Baena Bocanegra, augura en el escrito de defensa que, tras practicarse en la vista oral los medios de prueba que solicita (todos los que se le han ido negando durante la instrucción), 'quedará acreditada la inexistencia de antijuridicidad y correlativa atipicidad de los hechos que realmente son atribuibles' al acusado.

El escrito, de 27 páginas, repasa la instrucción que hizo Garzón de la trama Gürtel, desde que en agosto de 2006 admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción hasta que el 31 de marzo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se hizo cargo del caso.

El escenario en el que la defensa plantea la decisión de ordenar las intervenciones que fueron apoyadas en todo momento por la Fiscalía, 'garante de la legalidad', y luego, prorrogadas por el actual instructor de la Gürtel, el magistrado del TSJM Antonio Pedreira se centra en 'la gravedad de los delitos' investigados en el procedimiento.

Para ello, el escrito recuerda la descripción del entramado societario desarticulado que figuraba ya en el auto de prisión dictado el 12 de febrero contra Francisco Correa, el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, y el primo del primero, Antoine Sánchez. Los dos primeros ejercen la acusación en esta causa iniciada a partir de la querella que interpuso el abogado Ignacio Peláez, que fue grabado cuando se entrevistó con ellos. No consta que Peláez, abogado del constructor José Luis Ulibarri en el caso Gürtel, fuera 'expresamente llamado', de lo que 'inmediatamente se infiere que sus visitas nada tuvieron que ver con el derecho de defensa', señala el escrito de Garzón.

La defensa recuerda que la trama operaba a través de sociedades, constituidas 'por medio de testaferros' en paraísos fiscales, para concluir: 'La solidez de los indicios, singularmente aquellos que venían a revelar que algunos abogados aparecían interviniendo en operaciones de blanqueo de dinero, la acreditada estructura societaria y sus ramificaciones asentadas en paraísos fiscales y territorios no cooperantes, hacía de todo punto evidente que los imputados en prisión preventiva continuaran su actividad delictiva para la consecución de nuevos blanqueos'.

Por eso, la intervención de las comunicaciones que mantuvieran en prisión se consideró prioritaria y fue acordada en los dos autos por los que Garzón será juzgado por prevaricación. La Fiscalía también ha pedido su absolución al entender que no cometió delito alguno al investigar la Gürtel.

Pero, es más, la defensa añade que 'el contenido de dichas grabaciones jamás fue utilizado por el juez', que no acordó diligencias a partir de ellas. 'No existe un solo dato objetivo que permita sostener, sospechar o simplemente conjeturar que el acusado, en su condición de instructor, utilizara datos exclusivamente obtenidos de las intervenciones, ni menos aún resulta mínimamente probado el alcance, la incidencia o influencia, cualquiera que fuera su naturaleza, que la medida de intervención de sus comunicaciones pudo tener respecto de los sujetos que fueron objeto de las mismas', afirma la defensa.

De hecho, recuerda que fue el propio Garzón, unos días antes de que el TSJM asumiera su competencia, quien ordenó la expulsión de la causa de todas las intervenciones que pudieran afectar a la estrategia de defensa, lo que, según el escrito, acredita que las salvaguardas de dicho derecho, incluidas por Garzón en sus autos, no eran una 'vana coletilla literaria', como le reprochó el instructor de la causa, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, en varias de sus resoluciones.

Para demostrar su inocencia, Garzón propone todas las pruebas que le han sido negadas durante la instrucción, incluidas las conversaciones íntegras grabadas en prisión con el sistema Marathon evolution, sin las que, se queja, ha tenido que hacer su escrito de defensa. También solicita el sumario del caso Gürtel comprobar si hay otros procedimientos contra magistrados por escuchas que luego fueron anuladas y que declaren Antonio Pedreira, el responsable policial del caso y propio Peláez.

Crímenes del franquismo

El procedimiento que comenzó antes y en el que primero se abrió juicio oral fue el abierto por el intento de Garzón de investigar los crímenes del franquismo. Todavía no hay fecha de juicio. La Sala del 61 del Tribunal Supremo debe antes resolver la recusación presentada en diciembre contra cinco de los siete magistrados previstos para juzgar al juez de la Audiencia Nacional.

Cobros de Nueva York

La instrucción del patrocinio de los cursos que Garzón impartió en Nueva York es la más atrasada. El instructor ordenó investigar las cuentas del juez.