El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene previsto concluir la investigación que inició en 2002 en relación con la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, el próximo mes de febrero.

El magistrado está a la espera del ansiado informe conjunto que preparan Policía y Guardia Civil sobre la documentación intervenida a la cúpula actual de la formación ilegalizada, considerado clave para actuar contra Acción Nacionalista Vasca y EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas, en sus siglas en euskera) por su presunta vinculación con Batasuna.

El magistrado tiene aún que recibir la documentación que se incautó en varios registros a Joseba Permach, miembro de la actual Mesa Nacional y encarcelado junto a otros 16 de sus miembros el pasado 7 de octubre.

La información, sobre todo informática, intervenida en dicha operación se estaba aún tratando y analizando la semana pasada por las Fuerzas de Seguridad, por lo que aún no se encuentra en su totalidad a disposición del Juzgado.

Cuando Garzón tenga todos los datos, concluirá la causa y dará un plazo al fiscal y las partes personadas para que se pronuncien sobre si consideran necesarias más diligencias o si, por el contrario, presentan su escrito de acusación.

Levantar el secreto

Para ello, es necesario que el magistrado levante el secreto de la causa, en la que hay más de 40 procesados, entre los que figuran Permach, Arnaldo Otegi y Joseba Alvarez, desde 2005, así como los huidos José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, y Jon Salaberria. También hay alrededor de una decena de imputados.

El levantamiento del secreto debe producirse, como mínimo, diez días antes de que se concluya la investigación, para que las partes puedan estudiarla antes de dar el visto bueno a su cierre o pedir más pruebas.

De todas formas, Garzón no dejará con ello de investigar a Batasuna, porque mantendrá abiertas las diligencias iniciadas contra la actual cúpula de la formación ilegalizada con la operación de Segura (Guipúzcoa), por la que ingresaron en prisión 17 de sus miembros. Álvarez ya estaba en la cárcel por reincidencia delictiva y Otegi, por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Decisión judicial 

Además, con el informe policial realizado a partir de esta investigación, el juez tomará una decisión sobre si suspende las actividades de ANV y EHAK, al igual que hizo en 2002 con Batasuna, medida que cumple el plazo máximo de cinco años el jueves.

Fuentes próximas al magistrado señalaron que dicho informe puede no ser tan determinante como se supone para actuar contra ambas formaciones, porque no basta con acreditar movimientos bancarios entre sus miembros y los de Batasuna, sino que hay que probar que se produjeron sin contraprestación laboral alguna para que sean delictivos.