Que el magistrado Luciano Varela advirtiera a Falange Española de las JONS y Manos Limpias de los 'defectos insubsanables' que incluían sus escritos de acusación y les diera un día para presentar unos nuevos es una 'intervención manifiestamente ajena a las normas esenciales del procedimiento' y supone un 'consejo jurídico' que produce indefensión al juez Baltasar Garzón.

Por eso su defensa interpuso ayer un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo exigiendo que se declaren nulas tanto las resoluciones dictadas por Varela como los nuevos escritos de acusación. Y sin escritos de acusación de Falange y del autodenominado sindicato de funcionarios que lo comparte con el tercer querellante, la asociación, también ultraconservadora, Libertad e Identidad, no puede haber juicio contra el juez, porque nadie más le acusa.

Si los escritos son anulados, no se podrá juzgar al juez de la Audiencia

El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, señala en el recurso que Varela 'advierte vicios en el contenido material de ambos escritos de acusación, en sus razonamientos de cargo, en el discurso material de fondo por el cual las partes personadas modelan, articulan y formalizan nada menos que una acusación contra el reo'. Esa intervención vulnera 'la imprescindible neutralidad e imparcialidad que debe presidir la labor de un instructor', porque con lo que ha hecho perjudica al acusado, el juez Garzón.

A juicio de la defensa, la 'expurgación' solicitada por Valera de páginas y rúbricas enteras (por completo el escrito de Falange, que ayer fue excluida del proceso, y dos tercios del de Manos Limpias, que reproduce literalmente el auto del propio Varela en el que rechazó el sobreseimiento) es 'insólita en la labor de un juez de instrucción' y 'más próxima, realmente, a una asesoría o consejo jurídico'. El recurso sostiene que Varela 'ha asumido funciones de parte'.

El antecedente

El recurso califica de «insólito» el «consejo jurídico» prestado por el TS

En el auto en el que se le daba un día a Falange para corregir su escrito, Varela mencionaba como antecedente lo ocurrido en el caso Filesa, en el que la acusación que ejercía el PP no pudo acusar, al considerarse defectuoso su escrito.

'Pero ciertamente en aquella ocasión no se trató de rectificar a la parte responsable del escrito inane, ni se le concedió un plazo extraordinario para que presentase otro, o subsanara contra reo el defecto o redactara el escrito de forma más hábil o sensata', señala el recurso. El auto que excluyó al PP decía que 'la facultad del instructor para controlar la consistencia de la acusación que se formula' no incluye el 'suplantar o rectificar acusaciones inconsistentes o erróneas'.

La resolución proseguía que 'la ley no ha querido en principio que ante cualquier acusación se proceda de forma automática a la apertura de juicio oral', pero eso 'no significa que el instructor trate de rectificar las acusaciones formuladas ni de suplantar la función a los acusadores, menos aún de cercenar derechos de otras partes o facultades del órgano judicial finalmente decisorio'.

Garzón sostiene que Varela le perjudicó al asumir funciones de parte

Varela se amparaba en que debía proteger un 'hipotético derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones populares', que el recurso niega. 'Aún en la hipótesis de que se reconociera a Falange y Manos Limpias el ejercicio de un derecho fundamental a acusar a mi mandante, el derecho a la tutela judicial [...] no alcanza el derecho a que el juez corrija el contenido expositivo de los escritos o reoriente la estrategia material de actuaciones defectuosas o mal enforcadas', con el objetivo de hacer sus escritos 'más eficaces', argumenta.

Si los escritos contenían vícios procesales, Varela debió denegar la apertura de juicio oral por no existir acusación válida, que es lo que pretende la defensa con su recurso.

La defensa recuerda cómo el PP no pudo acusar en el caso Filesa