Encarna tenía apenas 20 años de edad. De carácter entusiasta, quien la conoció afirma que era una joven inteligente, divertida y muy educada. Trabajaba como dependienta en la librería inglesa y no estaba afiliada a ningún partido o sindicato. De su efímera vida no se conoce mucho más y lo que se sabe no difiere de la de cualquier joven de su edad. Encarna tenía trabajo, su novio y un deseo innato de conocer. Sin embargo, el 12 de agosto de 1942 fue fusilada por el régimen de Franco en Almería junto a otros siete hombres acusada de “complot contra el Estado”. Su único delito fue traducir y distribuir información de la BBC sobre la Segunda Guerra Mundial. La historia de estas ocho personas y de la de los más de cien imputados en el juicio se conoce como El parte inglés.

“La distribución de los partes de guerra fue una excusa. La Falange se quitó de encima a aquellos a los que tenía ganas desde hace años y puso esta excusa como pudo haber puesto cualquier otra”, relata a Público Miguel Molina, hijo de Diego Molina, capitán del ejército republicano, fusilado en esta causa

Los partes eran introducidos en la cárcel a través de las hijas

En Europa se estaba librando la batalla de las democracias contra el fascismo y en España el nuevo régimen aún no había conseguido institucionalizarse en todas las provincias del país. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial era la única esperanza para los que habían luchado por el orden democrático y republicano, pero el silencio informativo y la manipulación de los medios oficiales hacía imposible obtener informaciones veraces sobre la contienda.

La única fuente fiable de información y la única esperanza de los republicanos eran los partes de guerra de la BBC que llegaban a la ciudad a través del consulado inglés en la capital almeriense.

“Un grupo de personas consiguió contactos en el consulado británico en Almería consiguiendo los partes de guerra. Entonces, los traducían y entregaban a los guerrilleros republicanos huidos y los introducían en la cárcel a través de las hijas más pequeñas de los prisioneros o dentro de la comida, los pañales de los bebés...”, cuenta Martirio Tesoro, vicepresidenta de la Asociación por la Memoria histórica en Almería.

Una de esas niñas que entraba en la cárcel a resumir los avances de la guerra europea era Ana María Moreno, quien actualmente suma 83 años. “A mi me daban una información y yo entraba en la cárcel y se lo contaba a mi padre como buenamente podía porque estábamos vigilados por la Guardia Civil. Por ejemplo, recuerdo que el pseudónimo de Franco era 'el tío Paco' . Así cada vez que teníamos que hablar de él yo hablaba de mi tío Paco”, recuerda Ana María, que por entonces tenía 12 años.

La sentencia calificó la organiación como 'marxista, revolucionaria antifascista'

La red funcionó durante aproximadamente un año. El 18 de abril de 1941 la Falange descubrió destapó el caso y acusó a más de 100 personas de “complot contra el Estado”. Comenzó entonces un largo proceso que terminó con ocho ciudadanos almeríenses bajo una fosa frente al muro de entrada al cementerio de San José (Almería). “Había que limpiar rojos”, resume Martirio Tesoro.

El descubrimiento de este sistema de información oculto fue la chispa que prendió la mecha de la represión franquista en Almería. En esta localidad andaluza la Falange y la Guardia Civil mantenían una pugna para demostrar ante los altos cargos su valía y capacidad para mantener el orden en la ciudad y, quizá, obtener la alcaldía. “En esta Causa Judicial, que se sustanciaría durante unas pocas jornadas del mes de mayo de 1941, se utilizó un procedimiento denominado “inquisitorial”. Es decir, se podían utilizar medios poco ortodoxos para la obtención de las declaraciones, pudiendo llegar incluso a la violencia o tortura. Así veremos, que algunos de los testigos se desdicen de lo manifestado ante los policías de Falange cuando se presentan ante el juez instructor e, incluso algunos, ingresan en los hospitales con fracturas de huesos e incluso contusiones de todo tipo y por todo el cuerpo”, detalla Eusebio Rodríguez, historiador e investigador del caso.

La sentencia, publicada pocos meses después, condenaba a muerte a ocho personas por pertenencia a una “organización clandestina de tipo marxista revolucionaria antifascista de acción y agitación cuya actividad era la propaganda marxista organizada en el sentido de un cambio de régimen en España que habría que traer consigo la victoria de Inglaterra y Rusia en la guerra actual”. Entre ellos, la joven Encarna Magaña, la única mujer fusilada en la provincia de Almería.