El juez José Castro, que investiga el formidable sobrecoste del velódromo Palma Arena casi 50 millones y quien en marzo impuso una fianza de tres millones de euros al ex presidente balear Jaume Matas, ha vuelto a frenar en seco al PP. En un auto conocido este jueves, el magistrado rechaza por segunda vez la solicitud del PP para personarse como acusación particular y tilda de 'gratuita' la acusación de los conservadores respecto a que Castro profesa 'enemistad' al partido. Ahora, el PP dejará su recurso en manos de la Audiencia de Palma que, hasta ahora, ha dado la razón al juez Castro en sus decisiones sobre el caso Palma Arena.

Con el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo como cerebro jurídico, los conservadores han emprendido en Baleares una estrategia casi idéntica a la que tan buenos resultados les está produciendo en el caso Gürtel. Personado en la Gürtel como 'acusación popular', el PP ha logrado ralentizar las investigaciones a golpe de recursos. El último, aún pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Madrid, impugna la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse ante el Tribunal Superior valenciano en lo que concierne a la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad.

En Baleares, también el caso Palma Arena ha hecho aflorar indicios de presunta financiación ilegal del PP durante la campaña electoral de 2007: supuestamente, se pagaron 70.000 euros en negro y un mitin del PP se sufragó con fondos públicos. De hecho, en su nuevo auto, el juez Castro hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía afirma que el PP ha sido 'incapaz' de indicar en qué consiste el perjuicio que sufre a raíz de la investigación de este caso y le recuerda que podría considerarse perjudicado si hubiera devuelto los fondos públicos que supuestamente fueron desviados, informa la agencia Efe.

Sobre la pretendida 'enemistad' hacia el PP, el juez afirma lo siguiente: 'Por lo que respecta a la gratuita afirmación de enemistad de este proveyente hacia el Partido Popular y al consejo o insinuación, por llamarlo de algún modo, de que este instructor se abstenga del conocimiento de la causa, vertidas tales alegaciones por quien no ostenta la condición de parte no autorizan el menor comentario'.

Acorralado por el caso Palma Arena y por otras investigaciones cuyo nexo común es la presunta corrupción generada en las instituciones mientras Matas presidió el Consell balear (hasta 2007), el PP ha encontrado en el juez Castro un hueso duro de roer. En una ciudad, Palma, donde Matas compró sin problemas un palacete justo al lado de la Cámara de Cuentas y su esposa gastó 70.000 euros en metálico en joyas, el clima de impunidad ha estallado en pedazos con la instrucción llevada a cabo por Castro, y las investigaciones de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach. Los conservadores ya han insinuado que podrían recusar a Castro.

No sólo el PP se ve acorralado por los casos de corrupción en Baleares. El ex diputado y ex conseller insular del Territorio de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens negó haber percibido comisiones o participado en la elaboración de las bases del concurso de Can Domenge. También lo negó el ex conseller insular de economía y ex presidente de UM Miquel Ángel Flaquer.

Así lo declararon ante la jueza que instruye este caso de presunta corrupción que investiga por qué el Consell de Mallorca adjudicó por la mitad de su precio el solar de Can Domenge durante la legislatura pasada, cuando UM y PP gobernaban la institución insular.