Fueron los primeros en conseguir la autorización judicial para saltarse las clases de Educación para la Ciudadanía y vuelven a ser pioneros en impugnar los manuales de la materia obligatoria. Los padres de José Joaquín Flores Cano, el chico de Bollullos del Condado (Huelva) exento de cursar Ciudadanía –antes de la sentencia del Supremo–, acaban de iniciar el segundo asalto en su cruzada. La familia presentó ayer un escrito en la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Educación con los contenidos que, a su juicio, generan adoctrinamiento.

Y no son pocos. Los padres han impugnado más de la mitad de las 18 unidades del libro de la editorial McGraw-Hill. “En total, son 12 las unidades que van contra las convicciones morales de mis clientes de forma directa o indirecta”, explica a Público el abogado de la familia, Abel Martínez.

A los padres no les gusta, según Martínez, ni la visión que el manual ofrece de la realidad, “en tanto que considera que todo es relativo”, ni la interpretación “sesgada” que se hace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “al mencionar el nacimiento de determinadas corrientes políticas, como el socialismo”. Y comulgan mucho menos aún con la forma de abordar las relaciones interpersonales y “la dimensión humana de la sexualidad”. Es decir, los padres consideran que hablar a su hijo del relativismo, del socialismo y  de la homosexualidad atenta directamente contra su moralidad.

Por ello, comunican a la Administración su decisión de que José Joaquín siga faltando a clase, pese al fallo del Supremo que declara ilegal la objeción, aunque abre la puerta a impugnar contenidos contrarios a sus derechos. Los Flores se amparan en esta parte de la sentencia y en el artículo 27.3 de la Constitución –que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral según sus convicciones– para solicitar que el chico no sea evaluado. “Es la nueva vía por la que los objetores van a trabajar a partir de ahora; espero que el Ministerio tome nota”, advierte el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.

Madrid pasa del boicot a acatar el fallo del Supremo 

El fallo del Supremo ha llevado a cambiar de actitud al Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre, protagonista, junto al Ejecutivo valenciano, del férreo boicot a la materia. A través de una carta, la Consejería de Educación madrileña ha pedido a los colegios que adopten las medidas necesarias para impartir Ciudadanía. “La Consejería entiende que el Supremo ha fijado doctrina sobre la asignatura y sus efectos”, dice la misiva. No obstante, Educación deja en manos de los centros educativos la capacidad de decidir cómo aplicar la asignatura a los alumnos objetores.