No habrá guerra. Ni se alimentará la polémica vivida estos días entre la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cuenta de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprovechando las enmiendas al Proyecto de Ley de Agilización Procesal. La Comisión Permanente del Consejo Fiscal se limitó ayer a 'lamentar el clima de tensión generado en los últimos días'.

Eso sí, en el comunicado hecho público ayer, la Fiscalía afirma que 'las modificaciones propuestas se revelan como de dudosa eficacia agilizadora' y 'suponen una nueva reforma parcial' de la Lecrim 'sin una adecuada valoración del conjunto del sistema procesal penal'. Hasta con 'desconocimiento de la facultad de informar a la opinión pública reconocida al Ministerio Fiscal'.

A juicio de la Fiscalía, las enmiendas presentadas por los grupos políticos para modificar la Lecrim 'afectan de manera significativa a su organización y funcionamiento', por lo que debería haber sido oído el Consejo Fiscal, 'trámite que se ha obviado de manera absolutamente incomprensible'.

Y ahí surge el principal pero del Ministerio Público. En una comida homenaje a un exmagistrado del Tribunal Supremo, a la que asistían representantes de los tres poderes del Estado, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó que 'el órgano de gobierno de los jueces [...] ahora parece que quiere legislar'. Se refería a que cuatro de sus vocales se habían reunido con el ministerio y con representantes de los grupos parlamentarios para la inclusión de enmiendas con las que modificar la Lecrim en el trámite parlamentario correspondiente al Proyecto de Agilización Procesal.

El CGPJ negó la afirmación del fiscal general en una declaración del que no se recuerda otro igual. La crisis entre las dos instituciones se apaciguó cuando el grupo parlamentario socialista decidió retirar sus enmiendas ante la polémica suscitada, sobre todo por su propuesta para regular el secreto sumarial, que dejaba en manos del juez hasta la autorización para que abogados y fiscales hagan públicos sus respectivos escritos.

La Comisión Permanente del Consejo Fiscal ha optado por mostrar con elegancia su 'gran sorpresa' por la presentación de las enmiendas. Señala que cuando informó sobre el anteproyecto de Agilización Procesal 'parecía evidente que se renunciaba a la reforma de la Lecrim por encontrarse en fase de elaboración un anteproyecto de reforma completa de la ley procesal penal'.

Y, 'sin ánimo de ser exhaustivo', señala como 'especialmente preocupantes' tres de las propuestas de cambio: la supresión de los recursos de reforma (que resuelve el mismo juez que dicta la resolución impugnada) en la instrucción, la supresión de la apelación contra las absoluciones de los juicios de faltas y que se ignore que el Estatuto Fiscal reconoce al Ministerio Público la capacidad de informar a la opinión pública.