El demoledor discurso de la Fiscalía destrozó ayer en el juicio contra Ángel Luna la acusación de encubrimiento que, con el apoyo del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), ha permitido al PP hacer del portavoz socialista en Les Cortsel primer procesado por el caso Gürtel. 'Hemos hecho todos los esfuerzos para ver si podíamos acusar [a Luna] pero no lo hemos conseguido, no somos capaces de perseguir a nadie en base a rumores', ironizó el fiscal.

Lo hizo casi al final de una vista que destapó las graves irregularidades que han rodeado el caso, entre ellas cómo el TSJCV aceptó el 27 de octubre de 2010 investigar al portavoz socialista bajo una premisa falsa facilitada siete meses antes a un juez valenciano por el PP: la de que, cuando en marzo de ese año exhibió ante Les Cortsun informe policial sobre los desmanes de la trama corrupta durante la visita papal a Valencia, Luna ya participaba como personado en el caso Gürtel y que, por tanto, había cometido revelación de secretos.

El fiscal se confiesa incapaz de perseguir a nadie a partir de rumores

Con independencia de qué sentencie el TSJCV, el propio juicio sienta un precedente peligroso contra la inviolabilidad parlamentaria. Entre los querellantes del PP contra Luna figura David Serra, vicesecretario regional de su partido y cuya imputación por financiación ilegal pide la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel.

Pese a que el propio fiscal admitió que el tribunal no habría emprendido la investigación contra el diputado de haber detectado un 'error' que atribuyó 'al secretario' judicial, se negó a suscribir la petición de nulidad formulada por el abogado de Luna. 'Este tribunal afirmó el fiscal Gonzalo López-Ebri jamás habría seguido actuaciones si hubiera sabido que no era posible perseguirle [a Luna] por revelación de diligencias judiciales'. El dato sobre cuándo se incorporaron los socialistas valencianos al caso Gürtel, el 7 de mayo de 2010, era de dominio público.

El juicio se apoya en un error de fechas atribuido al secretario judicial

Durante tres horas, Luna permaneció sentado en el banquillo: no por soborno, delito que hoy pende sobre la cabeza del president Francisco Camps y su cúpula, sino por la supuesta ocultación de pruebas tras haber mostrado hace un año en Les Corts un informe de la Brigada de Blanqueo. En una muestra más de la rocambolesca situación judicial del País Valencià, a Luna sólo le acusó ayer el PP, que ejerce en el caso la 'acusación popular' y pide para él multa y dos años de inhabilitación, una pena que, como recordaron la defensa y la Fiscalía, la ley no permite aplicar al supuesto delito cometido por el portavoz socialista valenciano. La doctrina Botín, aquella por la que el Supremo dictaminó que no puede haber juicio si la Fiscalía no acusa, cayó aquí en saco roto.

El TSJCV podía haber impedido la celebración de la vista ante la falta de indicios tangibles con que se saldó la instrucción. Y podía haber ordenado el archivo del caso cuando, tras constatar que Luna no podía haber cometido el delito de revelación de secretos, el juez Juan Montero decidió cambiar la imputación sobre la marcha y acusar al diputado socialista de encubrimiento. En el caso de los trajes, el tribunal valenciano se ha negado por sistema a ampliar el espectro de delitos sujetos a investigación, y lo ha hecho bajo el argumento de que sólo se declaró competente para indagar un presunto cohecho impropio (soborno leve). En el caso de Luna, el mismo TSJCV dio alas al juez Montero en su teoría de delitos intercambiables, pese a que sólo se le había autorizado a investigar una supuesta revelación de secretos.

En su intervención final, un sereno aunque consternado Luna enfatizó cómo la investigación de que ha sido objeto y el propio juicio han deparado al PP su primera victoria al conseguir que se hable '20 veces más' del presunto encubrimiento que del 'dinero desaparecido' durante los años de dispendios y contratos amañados. Si el TSJCV le condena, advirtió, esa será la segunda victoria de aquellos cuya 'opacidad' ha convertido la tarea opositora en una reedición de 'los trabajos de Hércules'.

En la vista oral, y así lo subrayaron tanto el fiscal como el abogado de Luna, el PP aportó sospechas y conjeturas. Pero ni una prueba en favor de su tesis, según la cual Luna está encubriendo a quien le facilitó el informe, alguien cuya identidad ni siquiera han podido sugerir los conservadores pero a quien atribuyen la condición de funcionario autor de un delito de revelación de secretos. El portavoz socialista mantuvo rotundo en el juicio su versión original: que ignora quién le hizo llegar el dossier policial y que se desentendió del papel una vez que su personación en la Gürtel le garantizó el libre acceso telemático al sumario. La Fiscalía reprochó al abogado del PP su búsqueda de una condena anclada en 'hipótesis', pero lanzó un cable al TSJCV al afirmar que la conjetura de que Luna miente también puede ser razonable.

En resumen, el fiscal no cuestionó los cimientos del proceso pero, en contrapartida, ridiculizó los postulados del PP con una analogía hilarante: '¿Se imaginan a un encubridor que antes de lanzar el cadáver por el acantilado lo exhibiera ante 99 personas?'. Recibida con las únicas risas de una sesión donde los afines a Camps no dieron señales de vida, la broma del fiscal aludía a los 99 diputados de Les Cortsante quienes Luna mostró el 24 de marzo de 2010 el informe de la Brigada de Blanqueo, cuyo contenido habían publicado previamente tres periódicos. Los datos que figuraban en sus páginas han quedado desfasados: las investigaciones posteriores cifran en tres millones de euros la comisión ilegal que el contrato para la cobertura televisiva de la visita del Papa reportó a la red corrupta. El entonces director de Canal 9, Pedro García, recibió medio millón de euros, según la Policía. García es uno de los nueve cargos del PP cuya imputación pide Anticorrupción por la presunta financiación ilegal del partido.