La Fiscalía ha impugnado el recurso del PP contra la decisión del instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de remitir parte de la causa a Valencia y ha denunciado la gravedad de las acusaciones de ese partido contra funcionarios públicos.

En el escrito remitido al juez el pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción expresa 'la gravedad' que comporta la actuación procesal del PP, que -dice- para oponerse a una decisión judicial 'vierte sobre distintos funcionarios públicos' acusaciones de parcialidad, falta de rigor y objetividad y ligereza.

Anticorrupción enumera las descalificaciones que, en su recurso contra la inhibición de Pedreira, el PP dirige a la Fiscalía, a la que acusa de perder la imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y 'rayar incluso en el fraude procesal'.

Indica que todas estas imputaciones 'deben entenderse extensivas' al juez instructor, ya que éste acogió íntegramente la argumentación del Ministerio Público, y recuerda que el PP también tildó de 'peritos parciales' del fiscal a los inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF), los de la Agencia Tributaria y los interventores del Estado.

Anticorrupción defiende la imparcialidad de todas las unidades de auxilio judicial cuyos informes han determinado la inhibición de Pedreira y resalta que ninguna de ellas depende de la Fiscalía 'en modo alguno', sino que actúan por mandato del juez instructor.

Para la Fiscalía, la 'corrección formal' es si cabe más exigible cuando se trata de una acusación popular, como la que ejerce el PP en el caso, 'toda vez que ni siquiera puede ampararse en la vehemencia de la defensa'.

En este sentido, añade que 'hay que partir de la presunción de que (el PP), en tanto continúa personado como acusación popular continúa comprometido en el ejercicio de la función constitucional' que a esta acusación corresponde, 'absolutamente alejada de la posición procesal de defensa'.

Además, las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura insisten en que la inhibición del magistrado del TSJM al Tribunal Superior de Justicia de Valencia es totalmente procedente debido al aforamiento de las personas investigadas y la 'conexidad' de los delitos que han puesto de manifiesto los nuevos datos que ha arrojado la instrucción.

Así, reitera que el último informe de la Intervención General del Estado ha revelado irregularidades en la contratación entre la Generalitat valenciana y la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el cerebro de la trama en Valencia.

Recuerda que en varios de esos expedientes intervinieron algunos de los imputados -como el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret- y que, por ello, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser 'en algunos casos' impropio.

Otro informe al que alude la Fiscalía es el de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo, que destapó posibles delitos electorales en la contratación y facturación entre Orange Market y el PP de Valencia en 2007, año de la celebración de los comicios autonómicos.

A juicio del Ministerio Fiscal, la participación del ex secretario general del PP en Valencia Ricardo Costa en estos hechos podría determinar una calificación jurídica diferente de los regalos que recibió de la trama, que son el objeto de la instrucción del tribunal valenciano.

La Fiscalía considera que con los nuevos datos aparecidos es preciso comprobar la posible relación entre los regalos que recibieron Costa, Betoret, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los cargos que éstos ocupaban en el PP de Valencia y el Gobierno de esta Comunidad.

Por último, Anticorrupción defiende la importancia de inhibición de Pedreira ante 'la eventual prescripción' de alguno de los delitos investigados.