La Fiscalía General del Estado ha archivado las diligencias abiertas contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, al concluir que no cometió ningún delito en los viajes que realizó a cargo de las cuentas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, admite que varios de estos desplazamientos 'generan algunas dudas'.

'No existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal', señala el encargado de la investigación, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, en el decreto. En definitiva, considera que los viajes no son 'constitutivos de delito alguno'.

A pesar de acordar el archivo, Martín Casallo admite que varios de los viajes, principalmente los que tenían carácter oficial pero que se prolongaron con actividades particulares, 'generan algunas dudas'. Y como ejemplo señala 'la determinación del día o la hora en que deba entenderse terminado el carácter oficial del viaje, y, por tanto, iniciado el tratamiento particular del mismo'.

El encargado de la investigación lamenta que la normativa del CGPJ en materia de viajes permita que 'se autoricen las justificaciones de viaje sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento'. Asegura asimismo que alguno de los desplazmientos 'pudo tener naturaleza o carácter de reservado dado el asunto a tratar' y afirmó que tales dudas deben ser resuletas teniendo en cuenta 'la proyección que el cargo del presidente del Consejo, uno de los más importantes del Estado, tiene sobre todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña'.

Dívar, a través de su jefe de Gabinete, alegó que el que no se haga constar las gestiones realizadas en algunos de los viajes 'no significa que no existiera actividad relacionada con la representación y funciones que tiene la presidencia y que en ocasiones puede tener naturaleza no compatible con la publicidad'.

La investigación, abierta el pasado 10 de mayo a raíz de la denuncia presentada por el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, buscaba determinar si Dívar cometió un delito de malversación de caudales públicos por los gatos generados en los 20 viajes que realizó a Marbella (Málaga) entre noviembre de 2008 y marzo de 2012, por un total 12.996 euros. De estos gastos, 4.120 euros correspondieron a desplazamientos, 4.754 euros por alojamiento y manutención, y 4.122 euros en concepto de atenciones protocoarias.

El fiscal divide los viajes en tres grupos: los que tuvieron carácter exclusivamente privado, aquellos que tuvieron un 'carácter mixto', y los que fueron 'estrictamente' oficiales.

Martín Casallo cree justificados los gastos y asegura que Dívar no tenía intención 'de lucrarse o aprovecharse en su beneficio' con el dinero del Consejo. El teniente fiscal del Supremo considera normal que el presidente del Supremo no hiciese constar en los documentos que dirigía al Consejo para el reembolso de los gastos 'el motivo concreto del viaje'. El escrito subraya además que la delegada de la Intervención General del Estado en el CGPJ 'nunca ha puesto reparo alguno a las cuentas justificativas de los referidos viajes'.

Entre los viajes mitad oficiales mitad privados, un total de 12, destacan el que tuvo lugar entre el 24 y el 27 de junio de 2011 para asistir a un acto oficial organizado por el Ayuntamiento de Marbella o el realizado del 8 al 12 de septiembre de 2011 para reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella.

Martín Casallo asegura que en estos viajes, que 'se ven prolongados en actividades que podríamos considerar privadas', la parte no oficial fue abonada 'con cargo a la cuenta personal del denunciado'.