La Fiscalía de Cádiz ha solicitado 10 y 13 años de prisión respectivamente para Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, que fueron delegados del Estado nombrados por el PP en la Zona Franca de Cádiz, un consorcio público dedicado al desarrollo económico de la provincia.

El escándalo del caso Rilco salpica la gestión del PP en la Zona Franca de 1996 a 2004. Rodríguez ideó, junto con unos socios, una plataforma de comercio electrónico entre España y Latinoamérica, Rilco, que, según el antiguo cargo del PP, iba a ser una mina de oro, pero que sólo sirvió para ir vaciando las arcas de la Zona Franca. Rodríguez dimitió, en medio de acusaciones en su contra, en 2001. Su sucesor fue Miguel Osuna, que venía de ser subdelegado del Gobierno en Cádiz y que continuó aprobando pagos a Rilco.

El Tribunal de Cuentas ya los condenó a ambos a devolver 4,3 millones a las arcas públicas en octubre del año pasado. El daño económico acreditado se refiere no sólo al fraude del portal Rilco, sino también al uso indebido de tarjetas de crédito, en este caso sólo en la etapa de Rodríguez.

Aparte de la investigación del Tribunal de Cuentas, hay un proceso penal en el juzgado 4 de Cádiz, donde la Fiscalía presentó ayer sus acusaciones. Rodríguez, que vive entre Panamá y México, se enfrenta a diez años de prisión y ocho millones de euros de multa por fraude, prevaricación y malversación. La Fiscalía pide para Osuna, al que el PP siempre ha defendido, 13 años de cárcel y ocho millones de multa por fraude, malversación, encubrimiento y falsedad documental.

Hay cuatro acusados más: Carmen y Germán Leiva, un matrimonio que creó una empresa a la que la Zona Franca ingresó 4,2 millones por Rilco, y otros dos beneficiarios más del fraude.

El PP reaccionó a la publicación del escrito lanzando insinuaciones sobre un supuesto interés político de la Fiscalía, sin aportar pruebas. 'Llama la atención y es sospechoso que una vez más los temas judiciales relacionados con la Zona Franca de Cádiz se conozcan a pocos días de unas elecciones', dijo Ignacio Romaní, consejero del PP en la Zona Franca, que acusó a la Fiscalía de 'forzar' la inclusión de Osuna entre los acusados.