La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto solicitar al juez Fernando Grande-Marlaska que tome declaración como imputados en la causa en la que investiga las irregularidades detectadas en la contratación del Yak-42 al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en el momento del accidente, Antonio Moreno Barberá, y al entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta.

Ambas imputaciones estaban incluidas entre la veintena solicitada a finales de abril por las familias de fallecidos en el siniestro del Yakovlev representadas por el abogado Leopoldo Torres. Las acusaciones reactivaron su actividad en el procedimiento ante la inminencia del quinto aniversario del accidente y el temor a que prescribieran actuaciones concretas contra personas determinadas, ya que todavía no hay ningún imputado.

Fuentes fiscales señalaron a 'Público' que, en respuesta a ese escrito, la Fiscalía presentará hoy o a principios de la próxima semana otro en el que apoyará las pruebas pedidas por esta acusación, pero limitará su petición de imputación a tres miembros de la cúpula militar cuando se produjo el accidente o a lo sumo a cuatro.

Responsabilidad militar

En ningún caso el Ministerio Público considera pertinente imputar al ex ministro de Defensa Federico Trillo, cuya investigación, además, por su condición de diputado, correspondería al Tribunal Supremo.

En este sentido, las fuentes consultadas señalaron que la responsabilidad de la contratación del avión correspondía a los mandos militares, que consta que conocían al menos parte de las 18 quejas que se produjeron en relación con los vuelos contratados por Defensa con países del Este. El propio Trillo, en el testimonio que prestó por escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 3, se escudó en la cúpula militar, como única responsable del 'planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones'. El ex ministro decía que el mando militar 'asume las competencias operativas y logísticas de la misión, como los medios de transporte'.

Trillo ni siquiera será mencionado en el escrito que ultima a contrarreloj la Fiscalía, ya que su citación fue solicitada el miércoles por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, y el Ministerio Público necesita más tiempo para estudiarlo y decir lo que apoya o lo que no.

El fiscal adscrito al caso, el teniente fiscal Fernando Burgos, también dará su visto bueno a la mayoría de las pruebas documentales y testificales solicitadas por las acusaciones. La ejercida por Torres plantea comisiones rogatorias a Rusia, Ucrania, Luxemburgo, Noruega y Bélgica para interrogar a toda persona que tuviera relación con el avión.

Imputaciones concretas

Esta acusación pide la imputación del almirante general Antonio Moreno Barberá, número 2 de Defensa cuando se produjo el accidente, como autor de 62 delitos de homicidio por imprudencia y otro de malversación de caudales públicos, por el dinero que se perdió en las subcontrataciones del aparato (Defensa pagó 149.000 euros y la compañía ucraniana UM-AIR sólo cobró 38.422).

Según la acusación, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el resto de la cúpula militar 'ostentaban un especial deber jurídico de intervenir, desde su posición de garante, frente a los riesgos de un resultado dañoso'.

Debían haber garantizado la seguridad de los aviones utilizados para transportar a los militares españoles.

Respecto a la otra parte del caso Yak-42, la relativa a la identificación errónea de 30 de los 62 cadáveres, el miércoles se dio traslado al fiscal y a las partes personadas para que presenten su escrito de acusación o soliciten nuevas pruebas. En esta causa, a diferencia de la de las contrataciones hay tres imputados, el general Navarro y dos oficiales médicos.