“El Gobierno tiene el máximo interés en sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica. Sabemos de su importancia política”. Con esta frase, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reconocía ayer lo forzado que está el Ejecutivo a sacar adelante un sistema de financiación que contente a las autonomías. Y aunque la negociación será larga, el Gobierno ya abre el juego incorporando los principales puntos recogidos en los Estatutos de Autonomía.

De la propuesta esbozada ayer y que el próximo día 22 se planteará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, destacan tres elementos: el Estado cederá a las CCAA el 50% del IRPF e IVA (ahora es el 33%) y el 58% de Impuestos Especiales; se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal; y se garantiza que los recursos para la prestación de los servicios de Sanidad, Educación y Servicios Sociales básicos serán iguales para todos los ciudadanos.

La mayor cesión de impuestos significa que habrá menos recaudación para que la gestione el Estado, aunque el objetivo es que el peso de la Administración central (Estado y Seguridad Social) no baje del 50%. Pero los porcentajes de cesión de impuestos recogidos en la propuesta del Gobierno respetan los fijados en el Estatuto de Catalunya y otros.

Hay otro principio reclamado por las autonomías que se incluye en la propuesta del Gobierno: que los recursos tributarios cedidos por el Estado para la prestación de los servicios básicos del Estado del Bienestar (Educación, Sanidad y Servicios Sociales) sean iguales para todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia. Eso supone que en el futuro sistema de financiación se fijaría una cantidad por persona para ese servicio y se multiplicaría por la población que en cada autonomía recibiría ese servicio (para Educación sería la población en edad escolar;
para Sanidad, aquella con algún elemento de ponderación como el envejecimiento).

Lo que no está claro es cuáles serán los otros servicios sociales. Es otro elemento a negociar, aunque, de entrada, Justicia no está entre ellos.
Además, el Gobierno promete recursos adicionales para reforzar el Estado del Bienestar “en función de sus disponibilidades presupuestarias”. Algo que, en la actual situación de crisis económica, no parece que vaya a suceder de forma inmediata. De hecho, el Ejecutivo señala que este esfuerzo adicional se graduará temporalmente “de acuerdo con la política de estabilidad macroeconómica y presupuestaria del Gobierno”.

Sin embargo, el vicepresidente quiso dejar claro ayer que la reforma parte del principio de que con el nuevo sistema “no habrá perdedores”.

Pero eso no significa que todas las comunidades autónomas vayan a ganar lo mismo. Como la población es un elemento fundamental en el reparto de los recursos, y no se había tenido en cuenta su evolución en el sistema actual, deberían salir beneficiadas las comunidades que hayan visto crecer más su población desde el año 1999. Entre ellas se encuentran Catalunya, Madrid y Comunidad Valenciana. A su vez, la población se corregirá con criterios como la dispersión, y otros que deberán ser acordados con las CCAA. Si no hay acuerdo, Solbes lo dejo claro: se seguirán aplicando los principios ahora vigentes.

El Gobierno propone que se hagan actualizaciones anuales automáticas y que cada cinco años se revisen los elementos estructurales.

Tener en cuenta el esfuerzo fiscal supone que si una comunidad autónoma consigue elevar sus ingresos tributarios por el mayor dinamismo de su economía o por ser más eficiente en la recaudación de impuestos se le reconoce el derecho a esos mayores recursos. En qué medida o hasta dónde se le reconocerá el esfuerzo fiscal será un importante detalle a negociar con las autonomías. Sin embargo, sólo el reconocimiento de ese esfuerzo ya es un elemento fundamental y una de las principales quejas de Catalunya, porque en el sistema actual no hay incentivos a mejorar la recaudación, ya que lo que se gana por el lado de los ingresos tributarios se descuenta por el del fondo de suficiencia. O, visto de otra forma, si una autonomía reduce sus impuestos no podrá reclamar más dinero del fondo de suficiencia para cubrir esa merma de ingresos.