La celebración del día de la protección de datos se ve empañada este año por la cuestión de la elección de la Presidencia y su Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuyo procedimiento está profundamente reglado. Un acuerdo de reparto de puestos de dirección en ciertas instituciones del Estado dinamitó, en este caso, la apariencia de imparcialidad e independencia de esta importante agencia. El proceso, que comenzó en diciembre, sigue su curso, aunque ha sido recurrido por la Fundación Hay Derecho.

El asunto arranca con una decisión controvertida: el pasado 21 de octubre, dos principales partidos en el Congreso, PSOE y PP, dieron a conocer los nombres de Belén Cardona Robert, como presidenta a propuesta de los socialistas, y de Borja Adsuara Varela, como adjunto a la presidencia, por parte del Partido Popular.

Sin embargo, enseguida se apuntó que este acuerdo chocaba con lo que ordena la normativa tanto europea como española: es necesario un procedimiento de selección abierto para tal elección, en el que cualquiera pueda optar en función de su currículo y su trayectoria, al margen de decisiones directas como hasta ahora (la Dirección la elegía directamente el Gobierno de turno) y bajo los principios de "transparencia, imparcialidad e independencia".

Es decir, anteriormente era el Ministerio de Justicia quien proponía al candidato o candidata, y el Consejo de Ministros aprobaba su designación. Ahora es un poco más complejo, dado que la publicación de una convocatoria abierta en el BOE es perceptiva, cosa que sucedió el pasado 18 de noviembre en virtud de la Orden JUS/1260/2021, de 17 de noviembre, tres semanas después del acuerdo PSOE-PP.

Según la nueva normativa, las candidaturas recibidas pasaron a un comité de seis expertos, que el 19 de noviembre realizaron la ronda perceptiva de entrevistas a los candidatos y ahora están decidiendo cuáles son los candidatos más idóneos, hasta tres para cada puesto y presentados por orden alfabético.

Dudas sobre el procedimiento

Desde el principio de este procedimiento hubo voces que alertaban de la irregularidad del procedimiento, precisamente porque el pacto político entre socialistas y populares daba la impresión de que los puestos ya habían sido otorgados antes de este nuevo proceso de elección.

Tal fue el caso de una pregunta parlamentaria de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, del pasado 4 de noviembre, y que sostiene que el pacto PSOE-PP "contradice la normativa en materia de protección de datos, europea -artículo 52 del RGPD- y española -artículo 48 de la LOPDGDD-, que exige transparencia, imparcialidad e independencia en estos nombramientos".

Uno de los hitos clave que impulsaron la discusión sobre ese pacto fue la presentación, a finales de noviembre, de la candidatura a la Presidencia de la AEPD de Leonardo Cervera Navas, quien ostenta el puesto de director del EDPS; nada menos que el supervisor de protección de datos europeo.

A partir de ese momento, comenzaron a presentar también candidaturas conocidos nombres del mundo de la privacidad, como Ricard Martínez. Varios de ellos han hecho público su descontento con el procedimiento, que aparentemente no sirve para nada si los puestos ya están otorgados por un acuerdo político previo.

Mientras tanto, la Fundación Hay Derecho anunció a mediados de diciembre un recurso de reposición contra las bases del procedimiento de elección, algo que añade aún más presión al futuro de la Agencia: cualquier decisión del comité de Justicia deberá estar suficientemente justificada y será vigilada con lupa. Y también puede cuestionar a los propios candidatos consensuados, quienes  de resultar elegidos podrían verse muy perjudicados en su propio prestigio personal.

Europa vigila

Recientemente, la polémica se avivó a raíz las declaraciones del supervisor europeo de protección de datos, Wojciech Wiewiórowski, que declaró al diario El País que "la UE no descarta intervenir en caso de que finalmente salgan elegidos los candidatos acordados por el PSOE y PP". Añadió que "la influencia política en las autoridades de protección de datos ha aumentado en algunos países en los últimos años" y "eso suele ser extremadamente peligroso", según recoge la organización pro transparencia Access Info.

Tras la decisión que tome el comité de expertos, el Ministerio de Justicia tiene que elevar esta decisión al Consejo de Ministros y, tras debatirlo, éste elegirá a los mejores candidatos en base a la documentación aportada. Por último, se remitirá la decisión al Congreso de los Diputados y será la Comisión de Justicia la que deberá ratificar los nombramientos en votación pública.

En una nota, Access Info insta al Gobierno a que garantice la transparencia del informe que se presentará al Congreso, y a que garantice que las audiencias celebradas por la Comisión de Justicia del Congreso sean abiertas, así como que los candidatos sean seleccionados por sus méritos.

"Dada la preocupación que pesa sobre este proceso, es especialmente importante que haya plena transparencia en torno a los próximos pasos", comenta en dicha nota Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe.

"Es imperativo que el público español pueda confiar en que las personas que supervisan la protección de sus datos personales sean los candidatos mejor cualificados y que hayan sido elegidos por sus méritos y no estén en deuda con ningún partido político", concluye Darbishire.