El exhorto remitido por la justicia argentina para que las autoridades españolas aclaren si están investigando los crímenes 'de lesa humanidad' cometidos durante el franquismo, es el primer paso necesario para que el Gobierno 'se retrate' ante la opinión pública sobre sus actuaciones en esta materia. 

La petición de la jueza argentina María Servini de Cubría 'podría haber sido más amplia', indica Inés García Holgado, sobrina de Luis, Elías y Vicente García Holgado y una de las demandantes de la querella interpuesta el pasado 14 de abril en argentina para investigar los crímenes franquistas. 'Habíamos pedido nombres de personas que desarrollaron funciones en Falange y en la Guardia Civil en los últimos años del franquismo, números de desaparecidos y fechas', explica Inés sobre la esencia de la investigación que quieren ver resuelta las víctimas de la represión.

En la querella interpuesta en Argentina se pide investigar los crímenes hasta 1977

'En la querella solicitamos a la jueza Servini los mismos datos que pretendía investigar Garzón pero extendidos hasta el 15 de junio de 1977', destaca Inés. 

Esta sobrina y sobrina nieta de dos paseados y un desaparecido a manos de los golpistas, es optimista respecto a la petición de la magistrada argentina en la que solicita de las autoridades españolas: 'Si se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física', tal y como se establece en el exhorto. 

'No se está investigando nada. Que un juez vaya a una o dos fosas no significa que se esté esclareciendo un genocidio', relata Inés. 

Algunos juristas no son tan optimistas y prefieren estudiar la actuación de la justicia argentina una vez que el Estado español responda a la petición de Servini.

Javier Chinchón Álvarez, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, se remite a la respuesta española en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado septiembre, en el que el Gobierno recibió la recomendación de México de 'investigar y sancionar los delitos de desaparición forzada y prever la reparación de los mismos independientemente de cuando se hayan producido, habida cuenta del carácter continuado del delito y de sus obligaciones internacionales'.

Pero la respuesta de las autoridades españolas fue la siguiente: 'En el ordenamiento jurídico español los Jueces y Tribunales instruyen y juzgan todas las denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan (...). El ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio(...)'.

'El Supremo no resuelve el conflicto de competencia entre juzgados para investigar los crímenes'

Es decir, 'la postura del Gobierno español es la de defender que los crímenes franquistas se están investigando', explica Chinchón. Para ello, el recurso formal utilizado es el de que en algunos juzgados territoriales existen procedimientos abiertos. La mayoría de estos juzgados 'no considera estos delitos como de lesa humanidad', sino como crímenes ordinarios por lo que los declaran 'prescritos' y 'archivan actuaciones'.

Este modo de proceder es el que entiende el Estado español por 'investigar el franquismo', señala Chinchón, para quien los procedimientos de investigación consisten en que 'un determinado juez archive actuaciones y contra eso, el familiar o asociación interponga recurso'. Mientras tanto, el Tribunal supremo 'no resuelve el conflicto de competencia' sobre qué juzgado puede investigar estas violaciones de derechos humanos, denuncia el profesor universitario. 

Más allá de cuestiones jurídicas, 'la consecuencia inmediata es la obligación de retratarse de cara a la opinión pública', indica Chinchón, respecto a la posible postura que adoptará el Gobierno con el coste político que ello conllevaría.