El real decreto de medidas sociales que ayer aprobó el Gobierno incluye la iniciativa pactada en una enmienda con el PP y CiU el jueves para elevar el límite del sueldo que no puede ser embargado a las familias en caso de que no paguen la hipoteca y se les quite el piso. Se eleva al 150% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con lo que pasa de 641 a 961 euros .

Este tope se incrementa en un 30% adicional sobre el SMI por cada persona a cargo sin ingresos propios. Pero, como novedad, también contarán a estos efectos los pensionistas que tengan ingresos por debajo del SMI. Así, una familia con dos hijos y un jubilado a la que le hayan embargado el piso por impago de la hipoteca contará con un mínimo de 1.535 euros que no podrán ser incautados por el banco.

Otra novedad es que aumenta el valor mínimo al que podrá adjudicarse un piso en subasta del 50% al 60% del valor de la tasación.

Esto limitará algo el beneficio que luego obtienen las entidades financieras, que pueden quedarse con la vivienda si la subasta queda desierta por la mitad de su precio y luego venderlo por una cantidad superior. Aunque como la base es el valor de tasación del piso y no su precio de compra, al final, el inmueble también quedará en manos del banco o la caja por un precio inferior al de compra que pagó el propietario embargado.

Para poner coto a los subasteros y que haya más posibles compradores en las subastas de pisos embargados se bajará del 30% al 20% el depósito previo que tiene que hacer el postor para pujar.

El decreto entrará en vigor en breve. Pero la referencia que dio ayer la Moncloa sobre esta nueva norma dejaba fuera otras cuestiones sobre vivienda que se nombraron en el Debate sobre el Estado de la Nación, algunas de ellas pactadas en una enmienda con el PP y con CiU el jueves. Así, la dación en pago esto es, que valga entregar la vivienda para saldar la hipoteca cuando esta se deja de pagar por falta de ingresos se debatirá en la subcomisión que se ha creado dentro de la Comisión de Vivienda. De todos modos, los grupos minoritarios no tienen muchas esperanzas de que el PSOE y el PP permitan aprobarlo para las hipotecas vigentes.

Tampoco hubo ayer referencias a poner límite a las cláusulas suelo que aplica la banca en algunas hipotecas y a la mejora de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para parados con problemas hipotecarios en la que 6.000 millones estaban sin usar.