Los diputados de ICV Salvador Milà y Joan Boada comparecieron este viernes 'forzados' ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, pese a que ninguno se sintió 'amenazado ni coaccionado ni intimidado' por el acoso que sufrieron varios políticos al entrar al Parlament el 15 de junio. Ambos, pero especialmente Joan Boada, que fue el número dos de Interior de la Generalitat en la anterior legislatura, fueron muy críticos con el dispositivo policial que se estableció alrededor del Parlament.

En concreto, Boada dijo que se sintió 'desconcertado por la actuación policial', porque 'no es normal' que un diputado tenga que 'saltar furgonetas o que le tiren bolsas de plástico', pero 'tampoco' que 'en manifestaciones de esa envergadura no haya un dispositivo de protección más amplio'. Por eso, no dudó en calificar el operativo de 'desastre', porque se limitó a recomendarles que utilizaran una puerta que no es la habitual y 'no había Policía'.

Señaló que, en su caso, pese a que acababa de abandonar su responsabilidad en Interior, no se le propuso acudir a la sesión en helicóptero, como hicieron el president catalán, Artur Mas, y otros diputados.

Boada no pudo identificar a quien le tiró 'una bolsa que le agredió' y restó importancia a la pintura roja con la que le mancharon la cabeza, porque dijo haber tardado 'dos minutos' en quitársela.

A diferencia de otros diputados que el pasado día 14 declararon ante el juez en Barcelona, ni él ni Milà presentaron denuncia. Se resistían a comparecer ante el magistrado, porque no querían participar 'en una maniobra indigna de criminalización' del 15-M iniciada por el pseudosindicato Manos Limpias.

Salvador Milà, que este viermes anunció que pagará la multa de 200 euros que le impuso el juez por no comparecer ese día ante él 'para ver si España sale de la crisis', insistió en que lo ocurrido en junio fue 'una protesta contra los recortes' que 'se podía haber ventilado en Barcelona'.

'Estamos en Madrid, en la Audiencia Nacional, por un delito político que sólo cometió Tejero en este país', aseguró el diputado en referencia al golpe de Estado de 1981 y al delito contra las instituciones del Estado que el magistrado atribuye a los 21 imputados.

Milà, como también hizo Boada, señaló ante el juez que los diputados que iban a pie llegaron a su hora a la Cámara, y se remitió al diario de sesiones para conocer el cambio del orden del día y los motivos.

La defensa intentó preguntarle si considera al Parlament alto organismo de la nación asunto clave para que el caso esté en la Audiencia, pero el juez declaró impertinente la cuestión, así como la relativa al desalojo de los indignados de la plaza de Catalunya. Lo que sí pidió el letrado fue el informe del Síndic de Greuges que criticó el dispositivo policial.