El diputado del PP en el Parlamento balear y ex conseller de Comercio Josep Joan Cardona tiene previsto solicitar hoy su baja en el Grupo Parlamentario Popular y su paso al Grupo Mixto. La decisión de este ex dirigente conservador, imputado en el caso Scala, se produce días después de que el juez le impusiera una fianza civil de 2,9 millones de euros. Pese a que la dirección del partido le ha exigido la entrega del acta, este, que solicitó su baja en la formación el pasado viernes, se ha negado.

El caso Scala investiga las supuestas irregularidades del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la legislatura 2004-2008.

La imputación por prevaricación de este ex conseller de Industria de la era de Jaume Matas no impidió que el líder del PP de Balears, José Ramón Bauzá, lo incluyera en la ejecutiva de la formación como coordinador sectorial de Industria y Comercio. No obstante, el presidente de los conservadores de las islas ya sabía que el diputado había sido llamado a declarar el 21 de abril. 'La imputación no implica culpabilidad', decía Bauzá sobre Cardona el 30 de marzo, cuando dio a conocer su nueva ejecutiva.

Ahora, tras su paso por los juzgados, la situación se ha tensado y el partido se ha visto obligado a presionar para apartarlo, máxime cuando el líder anunció hace un par de semanas que cualquier militante imputado al que se le impusiesen medidas cautelares sería expulsado.

El ex conseller aseguró ayer que su actuación en la Cámara autonómica continuará ahora 'guiada' por su apoyo al programa del PP, pero desde el Grupo Mixto.

Con la marcha de Cardona del Grupo Parlamentario Popular, la bancada conservadora no se queda libre de imputados. Toni Serra, investigado en el marco del caso Palma Arena, y Jaume Jont, en el caso del Plan Territorial de Mallorca, conservan su escaño en el Parlamento balear.

Salvo que el partido cambie de estrategia en las próximas fechas, no se tomará ninguna medida contra ellos hasta que se les imponga medidas cautelares. Se da la circunstancia, además, de que ambos fueron aupados por Bauzá a puestos en su nuevo comité de dirección. Lo mismo que ocurrió con Jorge Sainz de Baranda, ya fuera de la formación después de que el juez le impusiera una fianza de 50.000 euros por su implicación en el caso Bomsai, el último escándalo de corrupción que ha salpicado al partido. Junto a estos, otros cinco cargos públicos están siendo investigados en diferentes escándalos.