El ex consejero de Educación de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, es una de las cinco personas detenidas ayer en el Principado por su presunta vinculación a una trama de contrataciones ilegales.

La investigación partió de una denuncia del propio Gobierno que preside el socialista Vicente Álvarez Areces ante la Fiscalía Superior del Principado en marzo de 2010 por presunto desvío de fondos públicos. La denuncia se centraba en la actuación de la funcionaria Marta Renedo, a quien se acusaba de haber imitado la firma del director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto, para la adjudicación de servicios de forma anómala.

La investigación partió de una denuncia del propio Gobierno

Junto al ex consejero fue detenida la ex directora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de Igrafo, y Alfonso Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, así como la propia funcionaria Marta Renedo.

Los dos empresarios detenidos tienen negocios dedicados al suministro de material de oficina y escolar. Sus empresas son una de las principales proveedoras de los centros educativos y de una gran parte de los ayuntamientos asturianos, entre ellos el de la capital, Oviedo, en manos del PP.

La operación, que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, incluyó registros de las empresas implicadas, en las que se inspeccionaron ordenadores y los libros de cuentas.