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Desconcierto con los sobres para la reflexión

La norma arranca lastrada por las dudas sobre qué debe saber la mujer antes de abortar

V. PI

Las clínicas que practican abortos en Galicia estuvieron ayer de brazos cruzados. Los sobres que se deben dar a las mujeres que quieran abortar antes de la semana 14 estaban incompletos, denunció la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). La entrega de esta información es imprescindible para que una mujer pueda abortar libremente. La ley establece un periodo de reflexión de 72 horas desde la recepción de dicho sobre.

El Real Decreto que el Gobierno aprobó el 25 de junio para desarrollar la Ley del Aborto establece que se debe entregar a cada mujer que pida abortar un sobre con dos tipos de información. Por un lado, debe detallar las ayudas públicas, los derechos laborales vinculados al embarazo y los centros disponibles para recibir información sobre anticoncepción. Las autonomías deben recopilar estos datos.

Por otra parte, se debe informar a las mujeres de 'los métodos de interrupción del embarazo, las condiciones legales para la interrupción, los centros públicos y privados acreditados, los trámites para acceder a la prestación y las condiciones para su cobertura por el servicio público'. Esta información la debe elaborar la autonomía o los centros acreditados para el aborto. Eso sí, cada comunidad debía informar a las clínicas si les hacía responsables al respecto.

El Gobierno gallego (PP) entregó ayer a las clínicas los sobres sólo con la información sobre las ayudas a la maternidad y hasta ayer no les dijo que debían redactar ellas el resto, aseguró una trabajadora de la clínica Castrelos, de Vigo. En el centro confían en tener lista hoy la información para entregarla a quien acuda a abortar. Ayer fue un día duro. 'La gente llama pidiendo información y no sabemos qué decirle', se quejaba la trabajadora.

La entrega de los sobres por parte de las autonomías a los centros que realizan abortos puso en duda las palabras de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que se mostró confiada en que la ley 'permita un tratamiento igual en todas las comunidades'.

Murcia tampoco tenía ayer la información lista para aplicar la ley. 'No ha dado tiempo a elaborarla', se justificaron en la Consejería de Sanidad.

El ministerio aseguró la semana pasada que había entregado a las autonomías la información con las ayudas estatales a la maternidad tres semanas antes, para que la completaran con sus ayudas autonómicas y tuvieran los sobres a punto para ayer.

Otras comunidades gobernadas por el PP sí elaboraron los sobres a tiempo. Madrid entregó la información a las clínicas el viernes. También Valencia y Castilla y León cumplieron con su deber. Otros gobiernos consultados, como Andalucía, Catalunya, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi y Extremadura también tenían la información lista, informan Paula Díaz y Raúl Bocanegra.

Tampoco hay unanimidad sobre dónde se entregará la información. La Comunitat Valenciana y Andalucía también darán los sobres en los centros de salud, el primer punto de atención a las mujeres que quieran abortar. Otras autonomías, como Madrid, en principio sólo los entregarán en clínicas y hospitales donde se practiquen abortos.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) pagará todos los abortos, tanto si se hacen en clínicas privadas (hasta ahora acumulan un 98% de las intervenciones) como en hospitales públicos. Para ello, es necesario que cada autonomía concierte servicios con los centros que desee e informe de ello a Sanidad. El ministerio evitó desvelar qué comunidades han determinado su red de centros.

Además, las autonomías deben asumir directamente el coste del servicio. Murcia, al negarse a aplicar la ley, obliga a sus ciudadanas a pagar el servicio y meterse en un litigio si quieren recuperar el dinero. Galicia no ha hablado con las clínicas. Madrid y Valencia asumirán el coste directamente. Navarra continuará derivando a las mujeres a otras autonomías. Andalucía, Cantabria y Extremadura ya han concertado clínicas.

Por otra parte, todas las autonomías consultadas -Euskadi, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Canarias no respondieron- han constituido los comités clínicos que deben acreditar malformación en el feto para abortar tras la semana 22. 

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