En abril de 2007, justo antes de las anteriores elecciones municipales y autonómicas, sólo el 16,7% de los españoles situaban la inseguridad ciudadana como uno de los tres principales problemas. En el último sondeo del CIS, del pasado mes de abril, ese porcentaje se había reducido al 8 %, menos de la mitad que hace cuatro años. La delincuencia, de hecho, ocupa en la actualidad un discreto quinto lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, muy por detrás del paro (82,8%), los problemas de índole económico (47,3%), la clase política (21,5%) y la inmigración (12%).

'La seguridad ciudadana como lema de campaña no tiene sentido hoy en día. La gente se siente intranquila por otras razones, como el paro y la inestabilidad económica, pero no por el fantasma de la delincuencia'. Quien habla así es Ramón Sáez, magistrado y miembro de la dirección del Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 jueces, catedráticos y criminólogos progresistas. Para Sáez, de hecho, los ascensos y descensos de la criminalidad en ese ranking subjetivo de las preocupaciones de los ciudadanos 'son cíclicos, con picos y valles, y ahora estamos en uno de estos últimos'.

Para el SUP, los ciudadanos han cedido derechos en aras de la seguridad

Su opinión es compartida por el abogado Miguel Alonso Belza, miembro de honor del Instituto Vasco de Criminología, para quien 'la ciudadanía tiene ahora otras prioridades'. Una circunstancia que, en su opinión, 'los partidos han percibido y, por ello, han desterrado hasta ahora el debate sobre la inseguridad de la campaña. Los políticos sólo acuden a aquellos temas que les dan resultados electorales a corto plazo y este, está claro, ahora no los da', añade.

Basta echar un vistazo a los programas que los partidos han colgado en sus páginas web para comprobarlo. Así, el PSOE se limita a hacer hincapié en 'la coordinación y la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales y la seguridad privada de nuestro municipios', un tema re-currente y alejado de cualquier polémica. Los socialistas también prefieren hablar en su documento de 'estrategias preventivas' que de represión.

IU, por su parte, va más allá de los ámbitos municipal y autonómico y propone 'la desmilitarización de la Guardia Civil propiciando su unificación con el Cuerpo Nacional de Policía'. La formación que lidera Cayo Lara pide, eso sí, 'garantizar' la ratio de 4,5 agentes por cada mil habitantes.

Pese a la baja tasa de infracciones, las cárceles acogen a 73.500 reclusos

Incluso el PP, que siempre ha hecho de la mano dura contra los delincuentes una de sus banderas electorales, es en esta ocasión suave en sus propuestas, salvo en los casos concretos de algunos candidatos. Así, la formación que lidera Mariano Rajoy también habla de cooperación entre cuerpos de seguridad, esgrime de nuevo la manida promesa de mayor presencia policial en las calles y vuelve a proponer el aumento de la polémica vídeo vigilancia 'en las zonas de mayor densidad delictiva'.

Un discurso bastante tibio respecto a propuestas de años anteriores que choca, sin embargo, con el que ha lanzado su cabeza de lista para la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. El candidato catalán ha pedido en los últimos días 'mano de hierro' contra la delincuencia e, incluso, se ha atrevido a ligar abiertamente la inmigración con la criminalidad en un discurso populista que el propio Fernández ha reconocido como 'políticamente incorrecto'.

El abogado Alonso Belza considera que el actual Código Penal es 'muy duro'

Tras esta evidente sensación subjetiva de mayor seguridad impensable, por ejemplo, en los últimos años de la década de los ochenta, cuando el 38,6% de los españoles se mostraban preocupados por la delincuencia, los expertos consultados ven el reflejo de un dato objetivo, la acusada reducción en los últimos años de las tasas de criminalidad, que el año pasado se situó en su nivel más bajo de los últimos 11 años: 48,9 delitos y faltas por cada mil habitantes. Muy lejos de la media de la Unión Europea, que es de 67,6 infracciones penales por cada mil habitantes. O de la que registra Suecia, el país comunitario más castigado por la delincuencia, con 121 delitos por cada mil habitantes. De hecho, España es el tercer país, sólo por detrás de Portugal y Grecia, con menor tasa de criminalidad en la UE.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), organización que representa a la mayoría de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, reconoce que 'la criminalidad ha bajado' aunque cree que los españoles deberían preguntarse a qué precio se ha conseguido. Fornet recalca que la sociedad ha cedido en materia de derechos civiles para sentirse más seguro. 'El año pasado, la Policía realizó ocho millones de identificaciones en la calle. Eso es controlar a los ciudadanos más allá de lo razonable', denuncia.

El representante de los agentes apunta que gran parte de la responsabilidad del descenso del número de delitos es del aumento considerable que han registrado las plantillas policiales. 'A más policías, menos delitos', resume. Una sencilla fórmula que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, en su condición de ministro del Interior, ha recalcado siempre en sus comparecencias anuales ante el Congreso de los diputados para detallar las estadísticas de criminalidad.

El juez Sáez cree que la inseguridad no tiene sentido 'como lema electoral'

No obstante, no todo el mundo comparte esta visión. Es el caso de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV), cuyo presidente, José Miguel Ayllón, insiste en que 'ni las estadísticas del Ministerio del Interior ni las encuestas del CIS reflejan la verdad. Hay un nivel de impunidad tan alto que muchas víctimas han desistido de denunciar. Eso es lo que ha hecho bajar la tasa de criminalidad', afirma. Para Ayllón, 'las verdaderas cifras no salen a la luz porque las víctimas, por desgracia, no son beligerantes'. Su apuesta: endurecer una vez más el Código Penal.

Frente a este discurso, el magistrado Ramón Sáez recuerda que el ordenamiento español ya es bastante severo y pone como ejemplo el elevado número de presos que acogen las cárceles españolas cerca de 73.500, según los últimos datos de Instituciones Penitenciarias. 'Estas cifras reflejan unos índices de encarcelamiento que doblan los de países como Francia o Alemania', asegura. Para Sáez, 'existe una flagrante contradicción entre la reducida tasa de criminalidad y el elevado número de reclusos. Es la consecuencia de que nuestro sistema considere las penas de prisión como el elemento fundamental'.

La criminalidad sólo es vista como problema por un 8% de ciudadanos

En idénticos términos se expresa Miguel Alonso Belza, quien califica las leyes españolas como 'muy duras'. Este abogado donostiarra niega que sea cierta 'esa creencia de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra' y apunta al 'garantismo' del ordenamiento español con los detenidos como la causa de esa falsa impresión. 'No hay que olvidar que en España, sin cadena perpetua, algunos condenados permanecen más tiempo en prisión que en otros países donde sí se recoge esta figura penal'.

Pese a esto último, el tema de la cadena perpetua y el del endurecimiento de las penas para los delincuentes menores de edad han sido un temas recurrentes en los últimos meses en el debate mediático. 'No deja de ser llamativo, por ejemplo, que a pesar de que el número de delitos graves cometidos por menores en España sea bajísimo, cuando surge uno, los medios se encargan de construir la polémica y los políticos se siente obligados a entrar en ella', señala Ramón Sáez. 'Numerosos medios abordan la criminalidad con demasiada frivolidad y alarmismo', critica en la misma línea Alonso Belza, quien añade que 'se olvida que el fin último de la pena es reinsertar al delincuente, no la venganza, que es lo que se plantea con estos debates'.

Ahora, sin embargo, los políticos han aparcado ambos temas y, en general, todo lo relacionado con la inseguridad. Sólo algunos candidatos, como el conservador Alberto Fernández, creen todavía que hablar de ello les dará votos el próximo 22 de mayo.