La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el procesamiento de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira y del ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas (PSOE), por el llamado caso Mercasevilla de corrupción. El juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga la petición que hicieron los gestores del mercado público de 450.000 euros en comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hostelero La Raza, decidió enviar las actuaciones para que un tribunal del jurado las juzgase. Los cuatro acusados recurrieron, pero la Audiencia ha avalado la resolución de la jueza Mercedes Alaya, que les imputa un delito de cohecho (soborno).

Mellet y Ponce fueron grabados por los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas cuando les reclamaron las comisiones ilegales. 'El funcionamiento es muy simple: yo colaboro con quienes colaboran. De todas las subvenciones hay que destinar una parte a donde la Junta en cada momento nos dice. Que es para niños saharauis, me lo tengo que creer, luego será para carteles de Felipe González', les dijeron. Los cuatro negociaban la instalación de una Escuela de Hostelería, subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo, en los terrenos de la empresa pública.

Mellet y Ponce recurrieron su procesamiento alegando que no eran funcionarios públicos. Sin embargo, la Audiencia considera que sí lo son.

La grabación acabó en la Fiscalía, entregada por la Consejería de Empleo. Los empresarios la habían entregado previamente a un alto cargo de la Junta. La Policía y la Fiscalía interrogaron entonces a Mellet y Ponce, quienes señalaron como instigador de la petición de las comisiones ilegales a Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla. Este, que lo ha negado siempre, basó su recurso en que el testimonio de Mellet y Ponce no está corroborado por ningún elemento más. La Audiencia, al igual que la instructora, considera que, aunque sus manifestaciones no fueron ratificadas ante la juez, ni Mellet ni Ponce se han retractado de ellas.

Mientras, Regla Pereira recurrió con el argumento de que no existen indicios en su contra puesto que los empresarios declararon que no habló en la reunión en la que se pidieron las comisiones ilegales. La Audiencia consideró que 'resulta a priori poco creíble que delante de una persona ajena a los hechos de forma abierta se solicite una comisión que hasta una persona no técnica sabe que es ilegal'.