Encontrar cuanto antes la salida al túnel de la crisis no deja tiempo ni espacio para otros afanes, al menos en lo que queda de año. Este fue el argumento de fondo que esgrimió el presidente para confirmar la decisión, anticipada ayer en Público, de meter en el congelador la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, uno de los proyectos legislativos emblemáticos de esta legislatura tras incorporarse al programa del Ejecutivo por acuerdo del último Congreso del PSOE, celebrado después de las generales.

'Tenemos por delante un trimestre, más que nunca, de política y de iniciativas económicas para combatir definitivamente la crisis y acelerar el cambio de modelo productivo', dijo Zapatero en Shan-ghai. Rechazaba así que el carpetazo al proyecto obedezca a la falta de apoyos o a una estrategia para evitar que se le acuse de abrir frentes de distracción, como ocurrió con la reforma de la Ley del Aborto.

El carpetazo a la Ley

'En lo que afecta al calendario, el Gobierno está concentrado en los Presupuestos y en leyes económicas. Este es el orden de prioridades. Por tanto, hasta que no tengamos los Presupuestos con un acuerdo político y su aprobación, no pondremos en marcha nuevas iniciativas de carácter legislativo que no estén relacionadas con la economía', agregó.

Puesto que toda regla tiene una excepción, fuentes presidenciales indicaron que esta pauta podría tenerla en el ámbito del Ministerio de Sanidad, que Trinidad Jiménez tendrá que dejar si gana las elecciones primarias para disputar a Esperanza Aguirre la Presidencia de Madrid. Jiménez tiene varias iniciativas en la lista de espera del Consejo de Ministros, entre ellos la Ley de la Salud Pública y la de Seguridad Alimentaria. La luz verde reforzaría ahora a la ministra en su disputa interna con Tomás Gómez o más tarde, si ganara las primarias, frente a Aguirre.

El PP aplaude la decisión porque la norma 'no contentaba a nadie'

'Es comprensible', defiende Jesús Quijano, portavoz socialista en la Comisión Constitucional al analizar el archivo del proyecto de Ley de Libertad Religiosa. 'El Gobierno está en su pleno derecho de actualizar prioridades', apunta antes de enmarcar también la decisión en lo ajustado del calendario, ya que la legislatura está a punto de iniciar su último año operativo en el Parlamento. La renuncia a presentar la ley este trimestre supone de facto su congelación, ya que el proyecto no podría entrar en la Cámara hasta febrero, lo que hace inviable su recorrido por falta de tiempo.

'Se quedará en el cajón de promesas incumplidas', aplaude el diputado del PP Santiago Cervera. El contenido de la norma 'no contentaba a nadie y despertaba demasiados recelos a izquierda y derecha', explica. Su alivio contrasta con la irritación de la izquierda minoritaria, liderada en esta materia por ERC.

ERC pedirá explicacionesa De la Vegaen el Congreso

El diputado Joan Tardà anunció que su formación pedirá explicaciones a la vicepresidenta De la Vega por lo que entiende 'una traición política', ya que el PSOE se comprometió con él a presentar la ley en este periodo de sesiones.

La congelación del texto es así, según Tardà, la demostración de que 'la palabra del Grupo Socialista y Zapatero no vale nada'.

'Forma parte del ejercicio de restauración conservadora emprendido por el Ejecutivo', concluye el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. 'Era una ley bajo mínimos que eludía aspectos sustanciales como el concordato y presencia de la religión en la escuela, y ya no será ni eso', reprocha junto al diputado de ICV Joan Herrera, que lanza una denuncia de fondo: 'En laicidad, el Gobierno no sólo no ha avanzado, sino que ha retrocedido', por lo que se muestra 'profundamente decepcionado' con este carpetazo que solivianta también al BNG. Su portavoz, Francisco Jorquera, cree que 'constata que el giro a la derecha del Ejecutivo en materia económica se traslada también a los derechos civiles'.

Para la portavoz de UPyD, Rosa Díez, 'este nuevo vaivén es un ejemplo mas de inconsistencia política'. 'Lo que prometen cuando piden el voto, lo archivan. Zapatero ha roto hace tiempo el contrato con los ciudadanos ; lo único decente que puede hacer en estas circunstancias es convocar elecciones', exige la diputada.