El nuevo sistema de gestión de centros y casas de acogida para mujeres maltratadas aprobado el jueves pasado por el Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) en Castilla-La Mancha abre la puerta a una 'privatización encubierta' del servicio. Así lo denunciaron ayer varias trabajadoras de los centros de Castilla-La Mancha y fuentes de PSOE e IU.

La nueva normativa de la Junta consiste en sustituir los convenios que hasta la fecha firmaba el Instituto de la Mujer de la comunidad con entidades locales por subvenciones por las que los ayuntamientos tendrán que competir con 'entidades privadas sin ánimo de lucro'. 'Los ganadores serán los que tengan la oferta más barata y no el mejor servicio', denunciaron desde el sector. 'Los ayuntamientos tendrán que competir por lo que ya tenían y, los que lo consigan, recibirán la mitad de financiación', explicó una trabajadora. Ello se debe al establecimiento, en el nuevo decreto, de cuotas fijas de trabajadores por habitantes, que supondrá, según las distintas fuentes, el despido de muchos de ellos. Así, habrá menos trabajadores para atender a un mayor número de víctimas.

Además, los afectados del sector denunciaron las 'trampas' de la rectificación del PP sobre el cierre de centros. Muchos trabajadores de los centros cuyo convenio ya ha terminado han recibido ya sus cartas de despido, que será efectivo a partir del 1 de enero. 'Es cierto que los centros no cerrarán por orden de Cospedal, pero se quedarán sin servicio por falta de personal', concluyeron.

PSOE e IU denunciaron, además, que Cospedal está aplicando estos mismos recortes a los centros de atención a inmigrantes.