El Ayuntamiento madrileño de Arganda, gobernado por el PP con mayoría absoluta, aprobó definitivamente el plan parcial de la UE-124, promovido por Martinsa, el 5 de julio de 2006, lo que significó la consagración definitiva del proyecto para 2.600 viviendas. Cinco días antes, el 30 de junio, la sociedad Golden Chain, propiedad de Francisco Correa, había recibido en Suiza una transferencia de 12.870.000 euros. Basándose en los documentos remitidos por Suiza y como informó ayer Público, el instructor del sumario Gürtel sostiene que esos 12.870.000 euros escondían 'el cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda relacionado con la sociedad Martinsa'. Tanto el ex alcalde de Arganda Ginés López como el ex consejero delegado de la sociedad de suelo Benjamín Martín Vasco están imputados en el caso Gürtel.

Martinsa, que niega cualquier irregularidad, adquirió en diciembre de 2004 los terrenos que conformaban la Unidad de Ejecución 124 (UE-124) de Arganda, localizados junto a la única estación local de metro y hasta entonces propiedad del municipio. La inmobiliaria se alzó con la adjudicación a cambio de 77 millones. Fue un auténtico pelotazo: porque, en 2006, vendió un tercio del suelo por 73 millones, el triple de lo pagado dos años antes. La venta de ese tercio se produjo entre noviembre y diciembre de 2006, es decir, cuando el plan parcial de la zona la hoja detallada de ruta urbanística ya era una realidad.

Tanto la adjudicación de los terrenos a Martinsa como la aprobación del plan fueron posibles gracias a la intervención de Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Porto fue quien, a través de su empresa privada Plarquin, elaboró para Arganda un informe que primaba la oferta de Martinsa sobre las de las otras dos empresas que pujaban por los terrenos. Según Plarquin, la propuesta de Martinsa era la que más se adecuaba 'a los objetivos establecidos por el Plan General'.

Los hechos posteriores refutaron el dictamen de Plarquin. Porque, una vez adquiridos los terrenos por Martinsa, la dirección general de Porto, que luego dimitió por otro escándalo, emitió un informe favorable al plan presentado por Martinsa. Y lo hizo pese a que preveía sólo una plaza de parking por cada 100 metros cuadrados edificables. La Ley del Suelo de Madrid preceptúa que, por cada 100 metros, habrá 1,5 plazas.

A pesar de que ese déficit de equipamientos vulneraba la ley, y de que el PSOE alertó de ello, la comisión regional de urbanismo de Madrid dio vía libre al plan el 31 de enero de 2006. En lugar de postergar su decisión, lo aprobó por unanimidad a condición de que se subsanase a posteriori el 'error'.