El sindicato UGT pidió al gobierno español que incluya a las fundaciones científicas del sector público y otros agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación entre las excepciones a la contratación de personal investigador establecidas en una ley de 2011.

"Tiene que cumplir su compromiso y evitar el despido de cientos de investigadores con contratos temporales de más de tres años y se asegurarían proyectos de investigación de enorme relevancia social", dijo el sindicato en una nota el martes.

El sindicato se refiere a la contratación de personal científico en universidades públicas y organismos nacionales de investigación ya que los presupuestos de 2017 - previsiblemente prorrogados-. Aunque hay una serie de excepciones, no incluyen a fundaciones en un sector, el científico, muy afectado por la temporalidad y precariedad.

Entre las entidades afectadas, estarían el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) o el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), uno de los principales centros de investigación de cáncer del mundo "que puede ver cómo estas restricciones en la contratación de personal investigador suponen la pérdida de más de 80 trabajadores este año o más de 100 en 2018".

UGT dice que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió en septiembre a incluir a estas fundaciones y otros organismos entre las excepciones a las restricciones de personal.

El sindicato pide al gobierno que en los Presupuestos de 2018, cuya tramitación se ha retrasado por diferencias políticas ante las tensiones institucionales en Catalunya, haga una apuesta decidida en materia de I+D+i.

"Estamos en una situación muy grave, con altas tasas de precariedad y temporalidad en este sector, que puede ser dramática si el Ejecutivo no implementa este acuerdo y evita que numerosos grupos de investigación o departamentos pierdan a la mayoría de personal en los últimos meses, socavando numerosos proyectos de investigación de gran importancia social", dijo.