MADRID.- Las comunidades autónomas han considerado este viernes una "amenaza" la advertencia del Ministerio de Sanidad de recibir multas de la UE por cómo restituyen la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y la mayoría han anunciado que seguirán adelante en la devolución de este derecho. La noticia llega el mismo día en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se desmarcaba de la política del Gobierno diciendo que Madrid dará tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.

Unas acusaciones que el PP ha negado a través del secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro. "En modo alguno (el gobierno) ha amenazado" a las comunidades por la asistencia sanitaria a inmigrantes ilegales, ha dicho. Y ha añadido que el PP quiere "dar un paso adelante" para que los inmigrantes sin papeles no solo tengan derecho a las urgencias sanitarias, sino también a la atención primaria.

Para el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, también el Gobierno y el PP "acostumbran muchas veces a lanzar amenazas que no controla", mientras que el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha tildado de "vergonzosa" e "irresponsable" la advertencia de Sanidad.

Las comunidades autónomas también han reaccionado. Así, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, ha considerado que las "amenazas" del Ejecutivo "están fuera de lugar", al igual que el de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, quien ha opinado que "están fuera de lugar" y que en su comunidad la mayoría de los inmigrantes ya están siendo atendidos.

Desde la Generalitat Valenciana, que aprobó en julio la asistencia universal para los que irregulares empadronados desde hace más de tres meses, su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, ha insistido en que recuperar la sanidad universal es una cuestión de "sentido común" y de "derechos humanos", al tiempo que ha cuestionado que sea sancionable.

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, comunidad que aprobó el pasado lunes una orden que garantiza la prestación sanitaria a los irregulares a los empadronados con una antigüedad de tres meses, ya ha avisado que "no tolerará" amenazas del Gobierno de Mariano Rajoy y ha hecho hincapié en que es una decisión legítima dentro de las competencias regionales.

Baleares, otra de las autonomías que ha restituido el derecho a los 'sin papeles', ha considerado "inaceptable" la advertencia del Ministerio y su consejera de Salud ha dicho estar orgullosa de haber devuelto ya 600 tarjetas sanitarias.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León han descartado que el aviso de Sanidad vaya a tener efecto porque en esa región se ha atendido a los inmigrantes y se les ha pasado la factura a los que no tenían tarjeta sanitaria, independientemente de que la paguen o no, por carecer de recursos.

Integrantes de la Plataforma de Inmigrantes de Madrid junto a la 'marea blanca'. EFE

Según la Junta de Andalucía, la atención sanitaria a los irregulares permanecerá inalterable como hasta ahora, ya que a pesar de la reforma sanitaria se siguió facilitando el acceso a todos los servicios sanitarios a este colectivo.

El departamento de Salud navarro, que también tiene la intención de "garantizar la universalidad" de la sanidad, tampoco considera "apropiadas ni en el fondo, ni en la forma" lo dicho desde el Ministerio.

Tampoco Canarias entiende "los reparos" que ahora anuncia el Gobierno que, a su juicio, trata de "amedrentar" a las comunidades para que desistan de asistir a este colectivo, por lo que ha asegurado que seguirá adelante con los trámites para restituir ese derecho.

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha asegurado que mientras espera a que el asunto se debata y concrete en el Consejo Interterritorial de Salud, en la comunidad se atiende al colectivo porque "lo principal" es garantizar la atención.

Murcia, desde el principio, asiste a dos colectivos de inmigrantes que, en un principio, no tenían derecho a atención y se hace del mismo modo que antes de la entrada en vigor de la reforma sanitaria: los que tienen enfermedades infectocontagiosa y los crónicos o con patologías graves.

Al igual que otras comunidades, Extremadura aprobará una norma para que la atención a inmigrantes irregulares sea universal, en tanto el País Vasco asegura que no le afecta la advertencia porque la tarjeta que les entrega fue avalada por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el Principado de Asturias prefiere no pronunciarse por el momento sobre las posibles multas millonarias que puede ocasionar, según Sanidad, la forma en la que se restituye la atención a los irregulares.