@JairoExtre

MADRID.- Pablo Alberdi es carpintero y Jorge Merino trabaja en una cooperativa de repuestos agrícolas. Los dos son militantes de la CNT de Logroño, La Rioja, y sobre ellos planea la sombra de una condena de varios años de cárcel desde hace cuatro años. La Policía y la Fiscalía les hacen responsables de los disturbios que tuvieron lugar en la ciudad durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 contra la reforma laboral del PP. A ellos se sumó posteriormente otro acusado, militante de UGT.

Ninguno de los procesados recuerda una movilización tan grande en la ciudad como la de aquella huelga. Hay que tirar de hemeroteca hasta los años 70, en pleno conflicto de los metalúrgicos, para encontrar disturbios en Logroño en los que la Policía disparase pelotas de goma. Pero en 2012 volvió a pasar, un claro reflejo del retroceso en derechos sociales y laborales que ha sufrido España desde que se anunció la crisis económica. La represión de la protesta es otra muestra. Más de 300 sindicalistas han sido o serán enjuiciados por la vía penal por participar en piquetes y huelgas desde 2010. El de Pablo y Jorge es un caso más. Mejor dicho, un “no-caso”, como la plataforma Stop Represión La Rioja ha bautizado este “montaje policial” en el que hay en juego más de doce años de prisión y multas por valor de 5.000 euros.

“Es la chapuza más grande que la Policía ha hecho en Logroño”, explica Jorge a Público. Los cambios que tanto la Fiscalía como el abogado del Estado han realizado durante la fase de instrucción son su prueba más clara. Primero le acusaron de atentado y lesiones a un agente y de desórdenes públicos. “Cuando se dieron cuenta de que, cuando pasó todo, yo estaba en Navarra, trabajando, cambiaron y me acusaron de inducir a los desórdenes”, relata. La petición sobre él ha bajado de nueve a dos años de cárcel. Jorge era el que llevaba el megáfono. Nadie le identificó. Cuando terminó la manifestación, se despidió de sus compañeros y se fue a la fábrica de Navarra en la que trabajaba en el turno de noche. Allí no se había convocado huelga y tenía que asistir al trabajo.

Pablo cree que lo que le han quitado a Jorge tienen que echárselo encima a otro. Que por eso a él le pedían cinco años de cárcel y, ahora, seis años y nueve meses más una multa de 4.000 euros. Se le acusa de ser el “autor material de desórdenes públicos, de atentado con medio peligroso y de lesiones a un agente”. Él, explica, fue detenido mientras levantaba una pancarta durante la primera de las tres cargas policiales que hubo en Logroño el 14-N de hace cuatro años. “No tiré ninguna piedra, como dice la policía y la Fiscalía. De hecho, en los escritos nadie me identifica a mí. Se empezó a tirar piedras en la última carga, cuando dispararon pelotas de goma. Yo ya estaba en el furgón policial, esposado”, apunta.

El tercer procesado ni siquiera fue detenido esa noche. El abogado del Estado lo sumó al proceso en febrero de 2013. Su nombre es Iñaki y está acusado de atentado con medio peligroso y de desórdenes públicos, aunque su defensa va a cargo de UGT y no ha sido una cara visible en la campaña por la absolución que se puso en marcha desde 2013. “Le procesan porque pensaban que era de la CNT. Cuando dijo ante el juez que era de UGT se quedaron todos sorprendidos”, dice Pablo.

Pablo y Jorge están relativamente tranquilos. Han presentado todas las pruebas y testigos que les exculpan con claridad. En el caso de Pablo, un vídeo muestra claramente cómo es golpeado y detenido por el jefe de los antidisturbios mientras tenía los brazos en alto. Un vídeo de los manifestantes, porque casualmente, los vídeos que grabó la Policía fueron borrados esa misma noche, pese que a se iba a abrir una causa penal al día siguiente. Las imágenes de las cámaras del Palacete de Gobierno, donde sucedieron los hechos, tampoco están disponibles. “Dicen que la Policía disolvió la manifestación cuando le lanzaron piedras. En el vídeo se ve claramente cómo empieza la carga. Cuando un globo de pintura se estrella en el escudo de un policía”, relata.
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“Me pusieron fino a hostias en el calabozo”

Según denuncia Pablo, sufrió malos tratos y agresiones por parte de los agentes una vez que estaba en comisaría. “Me dan de hostias, me ponen bien fino en comisaría. Y sobre todo en el sótano del juzgado, antes de declarar, entre dos policías”. No ha denunciado los hechos por recomendación de su abogado. “Si lo hubiera hecho, me habrían denunciado en masa los policías”, dice. Prefiere esperar a que pase el juicio, para el que cuatro años después sigue sin haber fecha. Pero sabe que es imposible probar que fue golpeado.

Su único testigo es el propio Jorge, que se pasó con él varias horas en los calabozos y vio una de las palizas que relata Pablo. “Parecía una película de carceleros. Estaba acojonado, nunca había estado detenido. Tuve que gritar para que bajaran otros policías a parar al agente que le pegaba”, añade.

Pero, ¿cómo acabó Jorge detenido si estaba en otra ciudad? “Cuando acabé mi turno me fui a casa y me acosté. Llevaba un día casi sin dormir con la huelga. Sonó el teléfono y era un abogado del sindicato. Me dijo que me estaban buscando, que me presentara en comisaría o que me fuera al extranjero”.

Un montaje contra la CNT

Decidió entregarse. Sabía que no había hecho nada. “La primera pregunta que me hicieron fue si era dirigente de la CNT. Miré la mesa y vi una ficha con una foto mía. En rotulador gordo ponía ‘CNT’, en letras grandes. Mi abogada les dijo que eso dejaba claro que había listas negras de sindicalistas”, explica Jorge con indignación. “Está claro que iban a por la CNT. Habíamos conseguido movilizar mucho, sobre todo después del 15-M. Se estaba trabajando muy bien con otras organizaciones y la prueba es que la huelga fue un éxito en Logroño”, añade Pablo.

Más que preocupado Jorge está “muy cabreado”. “Llevamos cuatro años defendiéndonos de algo que no hemos hecho. Los medios locales nos han puesto de terroristas para arriba”, dice. Para Pablo, estos cuatro años han sido “un especie de militancia obligada que no deja tiempo para nada más. Hasta mis conocidos creyeron que había tirado piedras”, lamenta.

Endika Zulueta, uno de los abogados de la defensa, afirma a Público que las peticiones de pena “se haya cometido o no el delito, son desproporcionadas” y recuerda que, en un juicio penal “es la acusación la que tiene demostrar que hay delito. Basta con sembrar la duda para que sean absueltos”. Y precisamente son muchas las dudas que deja a la vista este eterno proceso. “La vista oral tiene que ser absolutoria”, apunta Zulueta con los testigos y las pruebas ya presentadas. "Hay un sufrimiento causado por el Estado por la futurible posibilidad de ingresar en prisión. El proceso se está dilatando mucho y no hay una explicación racional para ello”, añade el letrado.

“Quizás ni siquiera haya juicio. Sería genial. Pero la Policía no acostumbra a pedir perdón, así que nos tememos que habrá vista oral”, aseguran los acusados. "Somos optimistas, pero después de casos como el del 4-F en Barcelona, el de Alfon en Madrid o el de Bódalo en Andalucía, nunca se sabe. Depende del sesgo del juez que te toque", argumenta Pablo.

Pese a todo, Pablo y Jorge ponen de relieve la “solidaridad” que están recibiendo desde organizaciones y colectivos sociales, celebran la creación de la plataforma Stop Represión La Rioja a raíz de su caso y creen que el proceso está mereciendo la pena por la unidad que ha generado en torno a la represión de los movimientos sociales.