La maniobra del exministro de Fomento y líder de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, para no prestar declaración ante un juez de Madrid no ha tenido éxito. El titular del Juzgado número 32 de la Audiencia Provincial, Santiago Torres, dictó ayer una providencia para que el ex secretario general del PP se presente hoy en los juzgados de Plaza de Castilla y responda de las acusaciones vertidas contra un grupo de policías del caso Gürtel.

Álvarez-Cascos estaba citado a las 10 de la mañana de ayer, pero prefirió enviar a su abogado, José Ramón Montero, alegando que debía acudir a un acto electoral de su nuevo partido. El letrado presentó una declinatoria ante el juez Torres para que la causa contra Álvarez-Cascos sea derivada al Juzgado número 44, donde el ex secretario general del PP presentó una denuncia en 2009 por supuestas filtraciones a la prensa de las investigaciones policiales en el caso de corrupción que rodea al PP.

La defensa de Álvarez-Cascos argumentó que se trata de los mismos hechos y que corresponde al Juzgado número 44 investigarlos, por ser el primero que supo de ellos. Además, se quejó de que la citación para declarar le fuera notificada a su cliente el pasado viernes a última hora, cuando salía de otro acto político.

El magistrado Torres resolvió ayer mismo rechazar la declinatoria y citar de nuevo a Álvarez-Cascos, quien corre el riesgo de ser detenido si no obedece al juez, informa Servimedia. A pesar de que Álvarez-Cascos rompió con el PP el pasado enero, José Ramón Montero es un letrado habitual en los procesos judiciales del partido de Mariano Rajoy desde hace décadas.

La Fiscalía y la Asociación Preeminencia del Derecho presentaron una querella contra el político por calumnias a raíz de unas declaraciones de este en Onda Cero. Afirmaba la existencia 'una camarilla policial' que se dedicaba a 'fabricar pruebas' en el caso Gürtel. Preeminencia del Derecho decidió apartarse de la causa para que fueran los policías presuntamente calumniados los que retomaran la causa contra Álvarez-Cascos.

El Sindicato Profesional de Policía, en representación de Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial, presentó un escrito ante la fiscalía por si esta consideraba que había delito. González es uno de los policías a los que supuestamente aludió Cascos, quien identificó la 'camarilla' con los agentes que devolvieron a Luis Roldán a España.