El político conservador Francisco Álvarez-Cascos no pudo injuriar a ningún policía porque sus declaraciones del 9 de abril de 2010 en Onda Cero no hacían referencia a nadie en concreto. Eso es lo que elexvicepresidente del Gobierno declaró este jueves ante el juez Santiago Torres dentro de la causa que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid. En aquella entrevista, Álvarez-Cascos denunció la existencia de una 'policía de camarilla' dedicada a 'preconstituir pruebas' contra el PP. Algunos de los que la integran, añadió, 'se hicieron famosos falsificando los papeles de Laos'.

Se da la circunstancia de que el actual responsable de la Comisaría General de Policía Judicial, Juan Antonio González, fue uno de los agentes que en 1995 trajo de regreso a España al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, huido tras destaparse su implicación en un caso de corrupción. Y de González depende ahora la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investiga, entre otros muchos, la Gürtel.

De ser cierto lo declarado por Álvarez-Cascos, sus palabras no aludían al comisario González, ni a ningún otro de los policías que participaron en la captura de Roldán y ahora trabajan en la UDEF. El ex-vicepresidente del Gobierno añadió ante el juez que tampoco se refería con sus palabras a la Policía en general, ni siquiera a un tipo de agentes del Cuerpo, sino a cualquiera que actúa al 'dictado político', sea cual sea función odesempeño.

El pasado 28 de marzo, el juez Torres libró un oficio a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para que identifique a los agentes que participaron en la captura de Roldán en 1995 y, más recientemente, en las investigaciones sobre la trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Por el momento, la Policía no ha satisfecho la petición del juez.

Durante su declaración Álvarez-Cascos también alegó que el término 'camarilla' no puede ser considerado injurioso. Y para intentar demostrarlo, el líder de Foro Asturias entregó al juez actas parlamentarias en las que se hace uso de esa palabra, sin que ello haya derivado en proceso judicial alguno, informaron fuentes jurídicas.

Una hora se prolongó el testimonio del político ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Álvarez-Cascos compareció con más de media hora de retraso. Pasadas las diez se había podido ver su coche dando vueltas alrededor de los Juzgados de Plaza de Castilla, en un intento por evitar el acceso principal, donde le esperaba un grupo de periodistas. Ni a la entrada, ni a la salida de los Juzgados quiso hacer declaraciones. Álvarez-Cascos estuvo acompañado en todo momento por su abogado, Juan Ramón Montero, que lleva trabajando para el PP desde hace casi dos décadas.

Las fuentes consultadas señalaron que el político contestó a todas las preguntas que le formularon el juez y la fiscal, María Pilar Sánchez. Cascos aprovechó para disculparse por no haber acudido el miércoles a la citación original y justificó su ausencia dentro de una 'estrategia de defensa', que pasa por la presentación de una declinatoria para que Santiago Torres envíe la causa al Juzgado 44.

El miércoles, su abogado dijo al juez que el candidato asturiano no podía viajar a Madrid por tener que participar en un acto político, al tiempo que se quejó de que la citación le hubiera sido entregada el viernes anterior a las ocho de la tarde. 'Llevo 30 años dedicado a funciones públicas y siempre he manifestado un exquisito respeto por el Estado de derecho', dijo este jueves Cascos al juez.

El Juzgado 44 de Madrid investiga la publicación de una noticia acerca de la presunta relación de Cascos con la trama Gürtel. Esa información se refería a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción acerca de un supuesto pago de un viaje a Lanzarote en 2003 al entonces ministro de Fomento. El abogado del líder de Foro Asturias alegó que las declaraciones de su defendido forman parte de los mismos hechos denunciados ante el Juzgado 44 y que este es el competente para investigarlos por conocerlos con anterioridad.

Las actuales diligencias tienen lugar después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir la causa, archivada en un principio por el juez Torres. En el auto, la Audiencia consideraba que las declaraciones del político, 'sin duda indiciariamente, pudieran ser consideradas como constitutivasinjuriosas'.

Tras la reapertura del caso, la Asociación Preeminencia del Derecho, de quien partió la denuncia original, decidió apartarse para que fueran los policías presuntamente injuriados y la Fiscalía quienes ejercieran la acusación. Hasta el momento, sólo lo hace la Fiscalía, que no solicitó ninguna medida cautelar contra Cascos.