'Hay que frenar en seco los desahucios y cambiar de la A a la Z la ley hipotecaria'. Cándido Méndez, secretario general de la UGT, se sumó este sábado al coro de voces que piden al Gobierno que apruebe una moratoria de los desahucios, sobre todo después del suicidio de una mujer en la localidad vizcaína de Barakaldo.

En una asamblea previa a la huelga general celebrada en Vigo, Méndez exigió que se adopten medidas de forma 'urgente y desde ya con el fin de paralizar todos los desahucios que haya en marcha'.

El líder sindical aseguró que el desenlace trágico del desahucio en Barakaldo 'es un síntoma de que las cosas van mal y van a ir a peor', en una situación económica marcada por 'la destrucción de empleo'. Frente a este 'camino de perdición', Méndez apostó por el crecimiento económico para resolver este problema. 'Toda la política económica está al servicio de la sobreprotección de las entidades financieras y se abandona al resto de la población a su propia suerte'.

'Hay buscar alternativas que no pueden pasar por la situación actual. Los jueces están aplicando una ley hipotecaria muy dura que incluso la Abogacía del Estado considera ilegal', añadió Méndez. Así, demandó al Gobierno central un cambio de rumbo de sus políticas de recortes:  'Ahora es cuando la población española más necesita los servicios de protección social'.

El diputado nacional de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, también se refirió a la polémica. Lamentó que el PP y el PSOE hayan tenido que esperar a que se produjera un nuevo suicidio para llegar a un principio de acuerdo que permita dar respuesta a los procesos de desahucio en España.

Para Llamazares, este compromiso llega 'muy tarde' y aseguró que las medidas del PP, fundamentalmente ligadas a la voluntariedad, 'son insuficientes'.

'Paralizar en estos momentos los suicidios exige una moratoria a los desahucios, también a los que están en curso y, a partir de ese momento, negociar una salida que sea racional y en el marco de la UE donde no existe una legislación tan canalla como en España, que se ensaña con los más débiles y los ciudadanos', subraya el diputado en un comunicado.

Por otra parte, el diputado rechazó la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno y que puede llevar a la cárcel a un perceptor de un subsidio por 'hacer una chapuza', al tiempo que deja sin ningún tipo de sanción penal a quien defraude hasta 119.999 euros. A su juicio, la propuesta del Gobierno tampoco servirá para luchar contra el fraude y, por el contrario, según el diputado, servirá para amnistiar al defraudador y legitimar la impunidad de quien lo comete.