El País Valencià se encuentra en nivel de emergencia 3 de peligro de incendios –sobre todo en las zonas interiores de València y Alacant- por las altas temperaturas, que podrían llegar a los 44 grados. La alerta coincide con las tres jornadas de huelga –el 14, 20 y 26 de julio- a la que está llamada la plantilla de bomberos forestales de la Generalitat. "Es triste tener que hacerlo así, pero la realidad es que solo se acuerdan de nosotros en verano, no tenemos más remedio que movilizarnos justo cuando somos más necesarios", explica Álex Pérez, delegado de la Intersindical y miembro del comité de huelga.

Los sindicatos convocantes –Intersindical Valenciana, CGT, UGT y SPPLB- tienen como principal punto reivindicativo, el reconocimiento como indefinidos del personal que ahora mismo se encuentra con contratos de obra y servicio o fijos discontinuos. Se calcula que casi un 30% de la plantilla de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) –entre 250 y 300 personas- están ahora mismo en esta situación.

"El conflicto viene de lejos –avanza Pérez- y está provocado por el incumplimiento de las promesas que nos hicieron cuando pasamos a depender de la Generalitat". Este "lejos" se refiere al 2018. Entonces, los bomberos forestales valencianos protagonizaron una dura huelga que se alargó durante meses para mejorar los salarios, acabar con la temporalidad y otras reivindicaciones, como la segunda actividad para los mayores o mejores equipos y más personal.

"De todos los puntos, solo cumplieron el primero –señala Pérez-, nos subieron el sueldo para callarnos y nos prometieron que en dos años pasaríamos todos a indefinidos, pero ya han pasado tres y, no solo no han cumplido esto, sino tampoco lo de la segunda actividad o los refuerzos. Por ejemplo, la bolsa de urgencia que tendría que servir para incorporar personal en 15 días, ha tardado un año". Desde los sindicatos denuncian que se han dejado sin cobertura más de 60 plazas, con unidades que solo existen sobre el papel o que solo cuentan con el jefe de servicio, como la de Zarra en el Valle de Ayora (València).

Conflicto de los interinos

Las reivindicaciones de los bomberos se parecen mucho a la del conjunto de interinos de las diferentes administraciones en fraude de ley  por incumplir las directivas europeas sobre temporalidad, aunque avisan que cada sector tiene sus particularidades. "En nuestro caso, todos hemos pasado por procesos selectivos y ocupamos plazas que son estructurales desde el primer día", detalla Ferran Edo, delegado sindical de la CGT en Castelló. De hecho, hasta septiembre del año pasado, la forma más común de forzar la contratación indefinida era por la vía judicial.

Una cuarentena de bomberos ganaron sentencias en este sentido hasta que el Tribunal Supremo marcó jurisprudencia en sentido contrario, cerrando esta opción. "El Supremo, unifica criterios extendiendo la Doctrina AENA, lo que para nosotros es incorrecto, ya que el caso es diferente en lo que atañe a los procesos de selección y la naturaleza de las plazas –señala Edo- y, de hecho, hay un voto particular de un juez en esta línea que lamentablemente quedó en minoría".

Este es el caso de Álex Pérez, quién vio como su juicio era aplazado por la pandemia y, cuando finalmente se celebró, ya tras la sentencia del Supremo, se le denegaba el acceso a la estabilidad laboral. "Es un agravio comparativo, ¿Por qué unos sí y otros no?", denuncia Pérez, quien se teme que "el PSOE quiera nuestras plazas para ofertarlas en oposiciones y poder presumir de crear empleo, cuando en realidad sería a costa de nuestros despidos".

Solución política

"Han tocado la parte más débil del colectivo y, ante esta agresión, es necesario activar la solidaridad", anuncia Edo. Para este sindicalista, la huelga es necesaria para forzar una solución política: "Gabriela Bravo [consellera de Justicia y Administración Pública, de quien depende la SGISE] tiene mecanismos suficientes para mover ficha y resolver el problema, bien usando la figura de personal a extinguir como han hecho en las reversiones sanitarias, bien con el concurso de méritos".

Los sindicatos convocantes denuncian los servicios mínimos impuestos por el Tribunal de Arbitraje Laboral, que son de un 60% para los servicios de tierra y un 100% para los de aire. "A nivel práctico, las unidades heliotransportadas se han quedado sin su derecho a la huelga", denuncia Pérez, quien además acusa a la empresa de distribuir los servicios mínimos para dificultar la convocatoria, llamando al personal directamente afectado o usando las "unidades fantasma" para subir los porcentajes.

Aun así, son conscientes que, ante un gran incendio forestal, hay cosas que quedarían en un segundo plano. "Este es un trabajo vocacional, los que nos dedicamos a emergencias sabemos a lo que vamos –asegura Pérez- pero esto no puede ser una excusa para que no reclamemos nuestros derechos como trabajadores".