El servicio municipal de bicicletas Bicimad cerró el pasado año 2017 con un balance de más de 3,3 millones de viajes, un 12% menos de incidencias y sin pérdidas económicas.

Según han informado fuentes municipales, 2017 registró un "récord de usos" al alcanzar los más de 3.350.000 viajes en Bicimad, lo que se traduce en ser el año "de mayor utilización del sistema desde su lanzamiento en 2014". Esta cifra supone un crecimiento del 19% respecto a 2016. El mes que registró más viajes fue octubre, con 384.072 usos.

La evaluación de los resultados indica además un aumento de la disponibilidad de bicicletas, se consolida la reducción de los errores en anclajes y se mantiene la disminución lograda en las incidencias de los usuarios, que bajaron el pasado año un 12%.

En el apartado económico, la previsión de cierre de 2017 era alcanzar una reducción de los costes operacionales. Así, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) realizó un presupuesto para Bicimad en 2017 cuyo gasto operativo (personal, consumos, suministros y servicios) ascendía a un total de 5,2 millones de euros. Sin embargo, la previsión de cierre de 2017 es que el gasto operativo se reduzca y se aproxime a los 4,3 millones de euros. Esto supone una reducción del 9% frente a la gestión privada, según la estimación recogida en el plan económico financiero de la concesión.

Así, tomando las 2.028 bicicletas operativas del sistema y referenciándolas con el total de gasto operativo, el ratio de coste de bici operativa por año se ha reducido pasando de 2.376,15 euros con gestión privada frente a 2.158,34 euros con gestión pública.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid defiende el precio de 10,5 millones de la compra que hizo de Bicimad tras realizar la propia EMT "numerosos" estudios de Bonopark, la antigua concesionaria, además de otras auditorías externas y como "única solución que permitía una continuidad" del servicio de alquiler de bicicletas "sin sobresaltos".

Así lo han señalado fuentes municipales después de la querella criminal presentada este lunes por el PP contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, a los que acusa de prevaricación y malversación.

A la hora de analizar la valoración económica del contrato, se realizaron paralelamente dos estimaciones distintas. Así, "con las estimaciones de activos concesionales y de valor actual neto, se alcanzó un acuerdo con Bonopark en una cifra intermedia entre estos dos valores y se fijó el precio de transmisión en 10,5 millones de euros", han detallado. El 17 de mayo de 2016 se firmó la cesión del contrato entre Bonopark y EMT, con la cláusula suspensiva de que el Ayuntamiento debía autorizar la cesión del contrato.

La autorización de la cesión del contrato se firmó en octubre de 2016 y se realizó "como las decenas que se realizan cada año en el Ayuntamiento", en las que el Consistorio "no valida el precio al ser un acuerdo entre empresas", han señalado. Dicha cesión fue elevada ante notario.

La cesión del contrato se aprobó en la Comisión Delegada de la EMT de abril de 2016 (esta comisión tiene atribuidas todas las competencias del consejo de administración desde 2004) y fue en el siguiente consejo de administración, en septiembre de 2016, cuando se informó de dicho acuerdo. Desde el Ayuntamiento concretan que el consejero del PP no asistió a esta reunión.